Representantes de la Iglesia Católica se reunieron este lunes con funcionarios del Ministerio de Salud para exponer la situación que atraviesa el sector de la discapacidad. La comitiva eclesiástica dejó un mensaje demoledor: las reuniones de gabinete no sirven de nada si no se traducen en soluciones concretas para la gente.
El diagnóstico presentado por la comisión de la Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina puso sobre la mesa el ajuste fiscal que ejecuta la gestión de Javier Milei desde finales de 2023. Pablo Molero, sacerdote y coordinador del Foro de Discapacidad, quien no dudó en desnudar el oportunismo de la Casa Rosada: «Hay que cumplir con la ley. Están usando a la Iglesia para la foto. Que el Gobierno no haga las cosas porque viene el papa, que lo hagan porque la gente lo necesita», disparó.
El reclamo eclesiástico adquiere su dimensión política si se tiene en cuenta el calendario papal. En apenas un mes, el papa León XIV viajará a la Argentina y tiene previsto visitar el Cottolengo Don Orione, un centro residencial que contiene y asiste a más de 400 personas con discapacidad. La institución registra un faltante crítico de medicamentos por más de 700 millones de pesos y no recibe el pago de prestaciones por parte del Estado nacional desde diciembre del año pasado.
Esta crisis estalla, además, en el peor momento para el oficialismo. La confirmación de la agenda del Vaticano agarró a la Casa Rosada atrapada en una feroz interna por los nuevos recortes presupuestario que pretenden imponer Javier Milei y su ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo en el Presupuesto 2027. Las fricciones en el equipo de gobierno derivaron en la presentación de nuevos dictámenes y pusieron al desnudo las internas en el Gabinete ante el costo político de seguir ajustando a los más vulnerables.
El documento entregado por la delegación religiosa detalla la la falta de actualización en los aranceles que perciben profesionales e instituciones prestadoras. El congelamiento de partidas —acumulado entre 2023 y 2025— provocó el cierre masivo de centros asistenciales, la reducción de servicios esenciales y un ahogo financiero que terminó trasladándose al bolsillo de las familias golpeadas por la crisis.
El informe catalogó como «especialmente preocupante» el cajoneo de unas 200.000 solicitudes de pensiones por discapacidad que permanecen varadas en los despachos oficiales, en contraste con las menos de 10.000 pensiones otorgadas en los últimos tres años. «Es importante reiterar que los tiempos administrativos no son neutros para las personas con discapacidad. Las demoras en el reconocimiento y acceso a una prestación pueden tener consecuencias concretas sobre sus condiciones de vida, su autonomía y el acceso efectivo a otros derechos», remarca el texto.
Mientras la Iglesia exige extender la emergencia hasta tanto se debata un nuevo marco protector sin quitar derechos adquiridos, el oficialismo intenta acelerar en la Cámara de Diputados. Con 42 firmas, el bloque libertario logró imponer un dictamen de mayoría para sepultar la prórroga de la emergencia que vence a fin de año y reemplazarla por un esquema permanente, desestimando la propuesta opositora que busca mantener la contención.
