La Justicia de los Estados Unidos desestimó la demanda colectiva presentada por un grupo de inversores estafados contra el empresario cripto Hayden Davis tras el lanzamiento y posterior colapso de la criptomoneda $LIBRA, el proyecto promocionado por el presidente Javier Milei en febrero de 2025.
La decisión fue firmada por la jueza federal Jennifer Rochon, integrante del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, quien dispuso el archivo definitivo y el cierre del litigio civil tras rechazar los argumentos expuestos por la querella. A través de un fallo de 81 páginas, la magistrada hizo lugar a las excepciones planteadas por las defensas de Davis y de los demás ejecutivos salpicados por la maniobra.
El eje del rechazo pasó por la imposibilidad técnica de encuadrar la maniobra dentro de la ley federal RICO, una histórica normativa estadounidense diseñada para perseguir y desmantelar organizaciones criminales. Los damnificados, representados por el estudio Burwick, denunciaban la existencia de una red organizada dedicada a emitir criptoactivos, inflar de manera artificial su cotización en el mercado (esquema conocido como pump and dump) y luego retirar fondos de forma masiva en perjuicio de los ahorristas que creyeron en la recomendación oficial.
Para intentar fundamentar el esquema, los letrados —liderados por Omar Hurlock y Anuj Mehta— intentaron ampliar la acusación e incorporar al expediente otros tokens como $M3M3, $ENRON, $TRUST y $MELANIA. La intención era demostrar un patrón repetido de conducta por parte de los empresarios involucrados.
Sin embargo, Rochon desarticuló ese andamiaje al calificar los argumentos presentados como «vagos» e «insuficientes». La magistrada remarcó que el período de tiempo atribuido a los emprendimientos de Davis y su socio Benjamin Chow no alcanzaba para configurar una asociación ilícita bajo los estándares de la legislación federal norteamericana. Además, la resolución aclaró que la Justicia de los Estados Unidos no emitió un juicio de valor sobre si la operatoria con $LIBRA constituyó o no una estafa, sino que acotó su veredicto a la inconsistencia técnica de la demanda.
El cierre de la causa en Manhattan benefició a Hayden Davis, a su hermano Gideon Davis, a su padre Thomas Davis, a la firma Kelsier Ventures y a Benjamin Chow, exdirector ejecutivo de la plataforma Meteora. Todos ellos habían sido señalados por los damnificados como los cerebros detrás de la cripto que promocionó el propio Jefe de Estado argentino.
A diferencia del fuero civil neoyorquino —que apuntaba a obtener una resarcimiento económico para los damnificados—, en la Argentina el expediente tiene carácter penal y apunta al corazón del poder político. En la causa local no solo se investiga la arquitectura del fraude financiero, sino las responsabilidades concretas del propio Javier Milei; de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; de los operadores y lobistas Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy; además del propio Hayden Davis y el empresario Julian Peh.
Sin embargo, en la última semana, la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones ratificó un duro revés para los estafados al denegar la incorporación como querellantes de los inversores Martín Romeo, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Alan Vega. Los cuatro damnificados habían sido expulsados del expediente por el juez de instrucción Marcelo Martínez de Giorgi, tras un pedido del lobista Novelli para restar presión al expediente.
Ante esta jugada para vaciar la acusación, los abogados de los perjudicados confirmaron que acudirán a la Cámara de Casación para presentar un recurso que les permita continuar con la causa. Mientras tanto, la investigación principal continúa en la fiscalía de Eduardo Taiano, sobre quien se multiplican las denuncias y reclamos por la falta de celeridad para citar a declarar a los funcionarios nacionales involucrados en el escándalo.
