El diputado nacional Esteban Paulón presentó este martes un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados rechace el DNU 70/23 y reclamó la convocatoria urgente a una sesión especial, luego de que la Corte Suprema revocara el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras Rurales.
La decisión del máximo tribunal volvió a poner en el centro de la discusión política los límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros y abrió un nuevo frente de disputa entre el Gobierno, la oposición y las organizaciones que cuestionan la eliminación de esas restricciones.
A través de su cuenta de X, Paulón cuestionó duramente el fallo y vinculó la decisión judicial con el debate político que se viene dando alrededor de la Ley 26.737. “Tras el fallo VERGONZOSO de la Corte Suprema es urgente que convoquemos a una sesión especial para Derogar el DNU 70/23”, sostuvo el legislador.
El proyecto presentado por Paulón plantea que Diputados rechace el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, denominado por el Gobierno como “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” y publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023.
El decreto estableció una extensa serie de modificaciones y derogaciones normativas. Entre ellas, su artículo 154 dispuso la derogación de la Ley 26.737, conocida como Ley de Tierras Rurales, que establecía un régimen de protección sobre la propiedad, posesión y tenencia de tierras rurales y fijaba límites para la adquisición de esos inmuebles por parte de extranjeros.
La reacción de Paulón se produjo horas después de que la Corte Suprema dejara sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23.
El máximo tribunal resolvió la causa a partir de una cuestión procesal: consideró que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), que había promovido la demanda, no tenía legitimación para iniciar ese proceso. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostuvieron que, ante la ausencia de un derecho de incidencia colectiva sobre un bien colectivo, no estaba configurado un caso o controversia que habilitara la intervención judicial.
La precisión no es menor: la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/23. El fallo revocó la sentencia anterior por la falta de legitimación del CECIM y, de ese modo, dejó sin efecto el freno judicial que había impedido la aplicación de la derogación de la Ley de Tierras.
Para Paulón, el escenario deja nuevamente la discusión en manos del Poder Legislativo. El diputado sostuvo que el Congreso debe rechazar el DNU y pidió a sus colegas que impulsen una sesión especial.
“No puede haber espacio para que justicia le de la espalda a las masivas movilizaciones populares en defensa de la ley de Tierras y la decisión del Senado en el mismo sentido hace tan sólo algunas semanas”, afirmó.
En una segunda publicación, el legislador resumió su posición bajo la consigna “ARGENTINA NO SE REMATA” y apuntó directamente al rol que debería asumir Diputados. “La Corte Suprema revocó el fallo que había frenado la derogación de la Ley de Tierras. El resultado es concreto: vuelve a quedar vigente la derogación de la Ley 26.737, que establecía límites para la adquisición de tierras por parte de extranjeros”, escribió Paulón.
El diputado agregó que la situación representa, a su criterio, un escenario incluso más amplio que el proyecto que el oficialismo había intentado impulsar durante el debate sobre propiedad privada en el Senado. “Ahora, la responsabilidad está en el Congreso. En Diputados debemos rechazar el DNU 70/23, tal como hizo el Senado. Hago un llamamiento a mis colegas a convocar URGENTE una sesión especial para avanzar en ese sentido”, planteó.
El DNU 70/23 ya había sido rechazado por el Senado el 14 de marzo de 2024. Sin embargo, ese rechazo no alcanzó para dejarlo sin efecto: de acuerdo con la Ley 26.122, para que un DNU pierda vigencia por decisión del Congreso debe ser rechazado por ambas cámaras. Por ese motivo, el decreto continuó vigente y el capítulo que derogó la Ley de Tierras permaneció dentro del ordenamiento jurídico.
La discusión tuvo un nuevo capítulo durante 2026, cuando el Gobierno impulsó dentro del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada una modificación del régimen de tierras rurales que inicialmente buscaba flexibilizar las restricciones para la adquisición por parte de extranjeros.
El oficialismo llegó a plantear elevar del 15% al 25% el límite de superficie rural que podía quedar en manos extranjeras en cada jurisdicción, pero finalmente retiró ese capítulo del proyecto ante la falta de consenso en el Senado.
Ese antecedente explica parte de la disputa política que vuelve a abrirse después de la resolución de la Corte. Mientras el oficialismo no consiguió avanzar por la vía legislativa con una reforma de la Ley de Tierras, la derogación dispuesta por el DNU 70/23 quedó nuevamente sin el freno judicial que había impuesto la Cámara Federal de La Plata.
La Ley 26.737 había establecido, entre otras restricciones, un límite general del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales en cada territorio provincial o municipal, además de límites vinculados con la nacionalidad de los titulares y la extensión de las superficies que podía adquirir una misma persona extranjera.
Con el artículo 154 del DNU 70/23, esas restricciones fueron derogadas por decisión del Poder Ejecutivo. El conflicto judicial iniciado por el CECIM había conseguido frenar provisoriamente esa derogación, pero la Corte Suprema dejó ahora sin efecto aquella sentencia por razones de legitimación procesal.
La pelea por la tierra vuelve al Congreso, y Paulón busca que Diputados tome una definición sobre un DNU que lleva casi tres años en vigencia pese a haber sido rechazado por el Senado. La discusión ya no pasa solamente por la decisión de la Corte. También vuelve a quedar planteada una cuestión institucional de fondo: qué hará la Cámara de Diputados frente al DNU 70/23 y, en particular, frente a la derogación de una ley que durante años estableció límites a la concentración extranjera de tierras rurales en la Argentina.
