La presencia de militares estadounidenses en Tierra del Fuego quedó confirmada oficialmente este martes por la Armada Argentina. La fuerza informó que ocho integrantes de la Infantería de Marina de Estados Unidos participan junto al Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM 4) de un “intercambio de expertos en zonas de clima frío”, iniciado el 8 de septiembre y previsto hasta el martes 22.
Según la comunicación publicada por la propia Armada, la actividad incluye prácticas de baja montaña y frío extremo, utilización de crampones y raquetas, desplazamiento mediante cordadas, esquí alpino, maniobras de autodetención y técnicas de supervivencia y movilidad en ese ambiente geográfico. La fuerza sostiene que el objetivo es compartir experiencias y técnicas, tanto en actividades teóricas como prácticas.
La Armada también aseguró que este tipo de encuentros se realiza en Ushuaia desde 2017, sobre la base de un marco de cooperación entre las Armadas de la Argentina y Estados Unidos acordado previamente en reuniones bilaterales. Según la explicación oficial, se trata de una comitiva reducida de instructores y especialistas que concurre a la zona naval para dictar y recibir talleres e intercambiar técnicas.
La aclaración oficial llegó después de que durante los últimos días se difundieran imágenes de equipamiento táctico estadounidense en Ushuaia y se planteara la existencia de una presunta rotación de efectivos estadounidenses en unidades militares fueguinas. Distintos medios especializados y locales publicaron fotografías y testimonios sobre movimientos de personal y material. Esas denuncias exceden lo que la Armada confirmó oficialmente este martes y, por lo tanto, deben ser diferenciadas del intercambio de ocho marines reconocido por la fuerza.
La presencia de personal militar estadounidense adquiere una dimensión política particular por el momento en que se produce. Tierra del Fuego volvió a ocupar un lugar central en la agenda nacional después de que el Gobierno de Javier Milei retomara con fuerza el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y anunciara el desarrollo de una Base Naval Integrada en Ushuaia.
El 14 de septiembre, el ministro de Defensa, Carlos Alberto Presti, recorrió junto con autoridades de la Armada y del Gobierno nacional el predio donde está previsto construir esa instalación. En la visita también participaron el canciller Pablo Quirno, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay.
La propia Presidencia informó además que la construcción de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos deberán ser priorizados en el Presupuesto 2027, en el marco de una política que el Gobierno presenta como destinada a reforzar las capacidades de Defensa y la protección de los intereses soberanos argentinos.
En ese contexto, que la Armada confirme la presencia de personal militar estadounidense en la provincia no es un dato menor. Mucho menos cuando se trata de una zona que el propio Gobierno identifica como estratégica para el Atlántico Sur y la proyección antártica.
El aspecto que queda abierto es el encuadre jurídico concreto de la actividad. La Ley 25.880 establece el procedimiento para el ingreso de personal militar extranjero al territorio argentino. La norma determina que el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso la autorización correspondiente para permitir la introducción de tropas extranjeras y establece que, en el caso de ejercitaciones combinadas, debe enviarse un programa anual al Parlamento.
La misma ley contempla excepciones que permiten al Poder Ejecutivo autorizar determinadas actividades sin aprobación previa del Congreso, entre ellas cuestiones ceremoniales, emergencias, búsqueda y rescate y determinadas actividades de instrucción, adiestramiento o entrenamiento de institutos de educación militar y equivalentes. En esos casos existen, además, obligaciones de información al Congreso.
La normativa también establece que la existencia de convenios marco de cooperación aprobados por ley no elimina por sí sola el procedimiento previsto para la introducción de tropas extranjeras.
Y ahí aparece el principal interrogante de la actividad actualmente en desarrollo en Ushuaia: la Armada menciona un marco de cooperación bilateral existente desde 2017, pero su comunicación oficial no identifica el convenio, resolución, decreto o autorización concreta bajo la cual ingresaron los ocho militares estadounidenses para este intercambio del 8 al 22 de septiembre.
Eso no permite afirmar, por sí solo, que el ingreso haya sido ilegal. Pero sí deja planteada una pregunta institucional que debería ser respondida con precisión: ¿cuál es el instrumento jurídico específico que habilita este ingreso de personal militar estadounidense y bajo qué régimen fue informado al Congreso?
La diferencia no es menor. La propia Ley 25.880 exige que la documentación vinculada con estas autorizaciones detalle aspectos como el tipo de actividad, su origen, los convenios existentes, los objetivos políticos y estratégicos, los lugares y fechas, los países participantes, la cantidad de efectivos, los equipos y armamento, el despliegue, los costos y las fuentes de financiamiento.
No se trata, de todos modos, de la primera vez que el Gobierno de Milei autoriza el ingreso de militares estadounidenses mediante un instrumento excepcional. En septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 697/2025, que autorizó el ingreso de medios y personal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para el ejercicio combinado Tridente, desarrollado entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre de ese año en las bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de espacios marítimos y terrestres destinados a instrucción militar.
Ese decreto señaló que el proyecto de ley correspondiente había sido enviado al Congreso pero que todavía no había sido tratado por la Cámara de Diputados. El Ejecutivo invocó entonces la “naturaleza excepcional” de la situación para recurrir a un DNU y autorizó el ingreso de los militares estadounidenses.
En abril de 2026 volvió a utilizarse el mismo mecanismo. El Decreto 264/2026 autorizó el ingreso de medios y personal estadounidense para el ejercicio Daga Atlántica, previsto entre el 21 de abril y el 12 de junio en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea de Moreno. El decreto también autorizó el ejercicio Passex vinculado con el paso del portaaviones USS Nimitz y el destructor USS Gridley por la Zona Económica Exclusiva argentina.
En ese caso, el propio decreto volvió a señalar que el proyecto de ley correspondiente había sido enviado al Congreso y que todavía no había recibido tratamiento en Diputados. El antecedente permite entender por qué el encuadre del actual intercambio en Ushuaia merece una explicación documental y no solamente una caracterización de la Armada como una actividad “habitual”.
Hay, además, una diferencia entre el actual intercambio y los ejercicios combinados autorizados por decreto. La Armada presenta la actividad de septiembre de 2026 como una comitiva reducida de instructores y especialistas y sostiene que se realiza sin armamento, con el objetivo específico de intercambiar conocimientos sobre operaciones en ambientes de frío extremo.
Eso la diferencia, en escala y características, de ejercicios como Tridente o Daga Atlántica, que fueron formalmente autorizados mediante decretos y cuyos anexos incluyen información detallada sobre participantes, medios y lugares de despliegue.
