Maricarmen Abascal, la jubilada de 87 años cuya expulsión por la fuerza de su vivienda en el barrio madrileño de Retiro conmovió al país y desató una ola de protestas, falleció este miércoles en el Hospital Gregorio Marañón. Estaba internada desde el 23 de septiembre, cuando la Policía ejecutó su desalojo entre empujones, represión a manifestantes y el repudio generalizado de la sociedad.
A través de un comunicado, el Sindicato de Inquilinas confirmó la noticia y remarcó la responsabilidad del sistema inmobiliario y judicial en el desenlace: «El pasado 23 de septiembre se produjo su desahucio y desde entonces ha permanecido hospitalizada. Si bien se consiguió un acuerdo histórico que le habría permitido volver a su vivienda, esta solución ha llegado demasiado tarde. Una situación absolutamente evitable tras un proceso torturante».
El edificio donde residía Maricarmen desde 1956 pasó a manos de la firma inmobiliaria Urbagestión Desarrollo e Inversión SL. Pretendiendo ignorar la antigüedad del contrato que la mujer mantenía, la empresa elevó el alquiler de 500 a 1.650 euros mensuales, una cifra impagable para quien percibía una pensión de 1.350 euros. Tras resistir tres intentos de desalojo gracias a la movilización popular e incluso contar con una advertencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, la ferocidad policial terminó por sacarla de su hogar en camilla.
Su caso funcionó como la chispa que encendió manifestaciones multitudinarias en las principales ciudades de España, acampes en plazas emblemáticas como la Puerta del Sol y la convocatoria a una huelga general que puso el problema de la vivienda en el centro del debate público.
Frente a esto, el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el Consejo de Ministros dos decretos de necesidad y urgencia para prorrogar contratos de alquiler, congelar desalojos hasta 2030 y disponer renovaciones automáticas. Sin embargo, en el Congreso de los Diputados la oposición y socios parlamentarios rechazaron las iniciativas con votaciones adversas de 178 y 184 votos en contra.
El fracaso legislativo dejó al descubierto la debilidad de la coalición de gobierno y obligó a Sánchez a activar el botón rojo constitucional. El presidente anunció la disolución de las Cortes y la convocatoria a elecciones generales anticipadas para el próximo 29 de noviembre. «Sé que les indigna lo que ha pasado en el Congreso. Sé que hemos cometido errores… Por eso, tras informar al Rey, he decidido convocar elecciones», dijo el mandatario en un mensaje televisado donde pidió una «mayoría progresista más amplia».
Momentos después, el Consejo de Ministros volvió a aprobar dos decretos casi calcados a los rechazados, los cuales deberán ser evaluados en un plazo de 30 días por la Diputación Permanente.
Mientras los partidos políticos preparan sus maquinarias electorales para la contienda del 29-N, el movimiento de inquilinos promete no abandonar la calle. La muerte de Maricarmen transforma la contienda por el techo propio en un punto de no retorno. «Nos quedamos con su ejemplo de lucha. Cumpliremos lo que ella siempre nos pedía: ‘Luchad, seguid luchando por lo que es vuestro'», prometieron desde el sindicato.
