El gobierno de Javier Milei consiguió este miércoles que la Cámara de Diputados le diera media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, uno de los proyectos centrales de su agenda económica y una iniciativa que el Presidente convirtió en parte de su campaña de reelección.
La aprobación llegó con el respaldo del PRO, la UCR, gobernadores aliados y otros bloques que terminaron aportando los votos para que el oficialismo se impusiera en una sesión cargada de tensión. El resultado fue de 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones.
La iniciativa ahora será girada al Senado y apunta a modificar el funcionamiento y los objetivos del Banco Central. Entre sus principales puntos se encuentra la prohibición de financiar directa o indirectamente al Tesoro, la eliminación de objetivos vinculados al empleo y al desarrollo económico con equidad social, el endurecimiento de los mecanismos para remover a las autoridades del organismo y la posibilidad de utilizar reservas como garantía en determinadas operaciones.
Para el oficialismo, la reforma busca garantizar la independencia del Banco Central y terminar con la posibilidad de financiar al Estado mediante emisión monetaria. En cambio, para la oposición se trata de un intento de blindar un modelo económico y limitar las herramientas que podrán utilizar futuros gobiernos, incluso si La Libertad Avanza pierde las próximas elecciones.
El oficialismo logró aprobar el proyecto gracias al acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, la Coalición Cívica y aliados provinciales, entre ellos Gustavo Sáenz, de Salta, y Osvaldo Jaldo, de Tucumán. También acompañaron al Gobierno los diputados cordobeses de Provincias Unidas, los representantes sanjuaninos que responden al gobernador Marcelo Orrego, los santafesinos Gisela Scaglia y José Núñez, el rionegrino Sergio Capozzi, el chubutense Jorge Ávila y la neuquina Karina Maureira y el legislador de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro.
Entre las abstenciones estuvieron los diputados que responden al gobernador catamarqueño Raúl Jalil, además Martín Lousteau, Mariela Coletta y Pablo Juliano, Mónica Frade, Juan Brügge y Nicolás Massot.
En contra votaron Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Miguel Pichetto, Natalia de la Sota y Marcela Pagano.
La votación volvió a mostrar que, más allá de la debilidad numérica propia de La Libertad Avanza, el Gobierno conserva capacidad para construir mayorías cuando logra reunir al PRO, sectores radicales, bloques provinciales y gobernadores dispuestos a acompañar su agenda.
Un Banco Central con un solo objetivo
Uno de los cambios centrales establece como objetivo principal de la entidad “la preservación del valor de la moneda nacional”. De esta manera, elimina los objetivos múltiples incorporados durante la reforma de la Carta Orgánica realizada en 2012, durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont y bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Aquella modificación incluía, además de la estabilidad monetaria, objetivos vinculados con la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Si la reforma obtiene sanción definitiva en el Senado, esos objetivos quedarán eliminados y el Banco Central tendrá como misión central preservar el valor de la moneda.
La discusión pasa de concebir al Banco Central como una herramienta que puede intervenir en distintas dimensiones de la economía a reducir su función a un único objetivo. La oposición cuestionó precisamente esa rigidez y advirtió que el proyecto le quita instrumentos al Estado para responder ante crisis económicas, financieras o sociales.
Prohibido financiar al Tesoro
La reforma establece una prohibición explícita para que el Banco Central financie directa o indirectamente al Tesoro Nacional. La entidad ya no podrá realizar adelantos transitorios, una herramienta utilizada por distintos gobiernos para cubrir necesidades fiscales mediante emisión monetaria. Tampoco podrá comprar de manera directa títulos públicos en el mercado primario.
El diputado libertario Santiago Pauli, encargado de presentar el proyecto, sostuvo que el objetivo es “erradicar permanentemente la posibilidad de que cualquier gobierno emita descontroladamente”. Según el oficialismo, la utilización del Banco Central para financiar al Estado fue una de las principales causas de la inflación.
Sin embargo, la reforma busca establecer un marco legal que limite la capacidad de futuros gobiernos para modificar la política monetaria según sus propias decisiones económicas. Ese fue uno de los principales cuestionamientos planteados por la oposición, ya que el oficialismo no solo busca aplicar su programa mientras gobierna, sino dejarlo incorporado a la estructura institucional para dificultar que otro gobierno pueda cambiarlo.
Un blindaje para las autoridades del Banco Central
Otro de los puntos más cuestionados de la reforma es el endurecimiento de los mecanismos para remover al presidente del Banco Central y a los integrantes de su directorio. La iniciativa establece que deberá acreditarse una “causal grave” para avanzar con una remoción.
Además, la decisión deberá contar con una mayoría de dos tercios de los presentes en ambas cámaras del Congreso. Actualmente, el Gobierno sostiene que esta modificación permitirá garantizar la independencia del Banco Central frente al Poder Ejecutivo. Pero desde la oposición advirtieron que también puede convertirse en un mecanismo para blindar a las actuales autoridades.
El proyecto fue defendido previamente en comisión por el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el oficialismo incluso se entusiasma con establecer condiciones que permitan garantizar la continuidad de las autoridades más allá del actual mandato.
Agustín Rossi, de Unión por la Patria, fue directo al cuestionar el alcance de la iniciativa. “El único objetivo que tiene esta reforma es lograr que las autoridades actuales del Banco Central sigan ejerciendo la política monetaria en los próximos años, independientemente si el Gobierno pierde las elecciones el año que viene”, denunció.
Las reservas como garantía, de los puntos más resistidos
Uno de los artículos que generó mayor rechazo fue el artículo 13, que habilita al Banco Central a utilizar parte de sus activos externos como garantía en determinadas operaciones.
Desde el peronismo pidieron a los bloques aliados que rechazaran ese punto y reclamaron que se realizara una votación particular.
El artículo establece que los bienes que integran las reservas son inembargables, pero también habilita al Banco Central a mantener activos externos en depósitos, oro, instrumentos financieros líquidos y otros papeles de reconocida solvencia. Además, establece que esos activos podrán utilizarse como garantía en operaciones propias de banca central.
Para la oposición, esa posibilidad representa un riesgo adicional y abre la puerta a utilizar las reservas como respaldo de operaciones vinculadas al endeudamiento externo. Sin embargo, el título que incluye el cuestionado artículo 13 fue finalmente aprobado por 138 votos positivos.
Menos herramientas para futuros gobiernos
Durante el debate, Miguel Ángel Pichetto cuestionó la lógica de rigidez que plantea el proyecto. El diputado sostuvo que el Banco Central debe estar subordinado al interés general del país y al rumbo económico que defina el Poder Ejecutivo, especialmente en materia de crecimiento y desarrollo.
En una línea similar, Itai Hagman, de Unión por la Patria, cuestionó las prioridades del Gobierno. Mientras miles de familias enfrentan problemas de endeudamiento y morosidad, el diputado advirtió que el Congreso debería estar discutiendo cómo aliviar esa situación.
En cambio, señaló que el oficialismo impulsa una reforma que restringe las herramientas del Estado.
La media sanción obtenida en Diputados representa una victoria política importante para el Gobierno no solo porque logró reunir 144 votos para aprobar una reforma estructural, sino porque avanza sobre una institución clave para el manejo de la política económica.
