La Corte Suprema de Justicia sacó un comunicado dirigido a la opinión pública para «despejar dudas» y atajarse de los cuestionamientos. A través del texto, los jueces intentaron despegarse del salvavidas político que le tiraron al Poder Ejecutivo al revocar la cautelar que mantenía frenado el artículo 154 del DNU 70/2023. La resolución del tribunal dejó sin efecto lo actuado por la Cámara Federal de La Plata y revivió la derogación de la Ley de Tierras (26.737), que fijaba topes a la posesión extranjera de suelo nacional.
Para cubrirse las espaldas, el Máximo Tribunal alegó que en su sentencia «solo se decidió un aspecto procesal» vinculado a la falta de legitimación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) para accionar en la causa. Con ese argumento, la Corte remarcó que la decisión «se ajusta estrictamente a todos los precedentes», que no afecta a otras cautelares en trámite presentadas por otros actores y que «la sentencia no supone abrir juicio sobre la validez constitucional de la norma cuestionada».
En la misma línea, la Corte remarcó que «los grupos de interés que presionan sobre el tema también pueden recurrir al reclamo judicial, lo que, en una democracia, es más adecuado que la promoción de discursos de odio y descalificación en las redes sociales». Luego, aseguran que «ha ejercido un liderazgo en la protección de los recursos naturales, el ambiente y los bienes colectivos durante muchos años».
Sin embargo, en la práctica, esto significa que la Argentina volvió a quedar en bandeja para los capitales extranjeros. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez calificó el movimiento como una «trampa formalista» que sirve para blindar el ejercicio autocrático del poder. Como la Corte tiró abajo la medida dispuesta en enero de 2024 por el juez federal Ernesto Kreplak, en este momento «cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluida las zonas de frontera- sin límite alguno».
La Corte Suprema desempolvó este expediente justo dos meses después de que el propio Gobierno libertario sufriera un duro revés en el Congreso y en las calles, cuando debieron retirar la modificación a la Ley de Tierras. Ante la negativa parlamentaria, los magistrados aparecieron para resolver el problema político del oficialismo. La maniobra expone que, mientras durmió durante casi tres años las demandas que cuestionan la inconstitucionalidad del megadecreto 70/23, decidió apurar el tramo específico que desregula el mercado inmobiliario rural.
La Ley 26.737, sancionada en 2011, ponía un techo del 15% a la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales en los niveles nacional, provincial y departamental; establecía un tope de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo agrícola; prohibía la venta de tierras que contengan o sean limítrofes con cuerpos de agua navegables o de gran envergadura y restringía la compra de inmuebles ubicados en zonas de seguridad de frontera.
Con la reactivación del DNU firmada por la Corte, todos estos controles volaron por el aire. El CECIM La Plata no dudó en denunciar que la resolución del tribunal «puso a la Argentina en venta» y que los jueces actuaron como un apéndice de la Casa Rosada para destrabar el negocio de los grandes magnates.
Además, el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas comenzó a mover fichas para trasladar la pelea al terreno político y social. Representantes de la organización de veteranos mantuvieron reuniones con legisladores del bloque de Unión por la Patria para impulsar una sesión especial en la Cámara de Diputados que fuerce el rechazo definitivo del DNU, al que calificaron como un instrumento «plagado de infamia e inconstitucionalidad». En paralelo, se comunicaron con sindicatos, referentes de la cultura y organizaciones deportivas para articular una gran movilización popular.
