La Justicia bonaerense suspendió de forma preventiva y por un plazo de 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) en el territorio de la provincia de Buenos Aires. La medida fue dictada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora.
La resolución de la magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, en representación de adolescentes privados de su libertad.
El fallo puso especialmente el foco en la capacidad de la provincia de Buenos Aires para afrontar el nuevo esquema, ante la posibilidad de que aumente tanto la cantidad de jóvenes detenidos como el tiempo que permanezcan privados de su libertad. En esa línea, Pascual afirmó que el Estado bonaerense no cuenta con la infraestructura y los recursos materiales necesarios para sumar a más jóvenes al sistema penal provincial.
La jueza advirtió que, con la modificación legal, el número de jóvenes en conflicto con la ley podría aumentar, tanto por los nuevos ingresos al sistema como por aquellos casos en los que se incremente el tiempo de privación de la libertad. Ante ese escenario, Pascual dijo que el territorio bonaerense no dispone de las condiciones edilicias, institucionales y profesionales necesarias para aplicar el nuevo régimen.
La magistrada sostuvo además que el Poder Judicial tiene la obligación de actuar de manera anticipada cuando existen elementos que permiten prever una eventual vulneración de derechos fundamentales, con fundamento en el principio precautorio. Por ese motivo, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
Además de suspender temporalmente la aplicación de la norma, el fallo fijó una audiencia para el próximo 16 de septiembre a las 10, que se realizará en la sala de juicios orales del tribunal. A esa audiencia deberán presentarse responsables de las principales áreas del Poder Ejecutivo provincial vinculadas con la implementación del régimen. Los funcionarios deberán explicar qué medidas fueron adoptadas, cuáles están previstas y cuáles son los plazos establecidos para concretarlas.
La resolución también ordenó al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos provincial que adopten las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.
La decisión judicial se conoció este lunes, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la Ley 27.801, que incorpora al sistema penal a los adolescentes de 14 y 15 años y modifica las condiciones para la aplicación de las penas al bajar la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años.
La decisión fue fundada, entre otras normas, en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Observación General N° 24 del Comité de los Derechos del Niño y las Reglas de La Habana y de Beijing.
