En el marco del feroz ajuste fiscal ejecutado por la gestión de Javier Milei, la Federación Argentina de Municipios (FAM) —entidad que nuclea a más de 500 intendentes e intendentas de todo el territorio nacional— salió al cruce de la reciente sanción en el Senado de la Nación que modificó y recortó de forma drástica el Régimen de Zona Fría. A través de un duro documento, los jefes comunales denunciaron el devastador impacto tarifario que sufrirán millones de familias argentinas tras su eliminación.
Con la sanción del Senado, la iniciativa quedó en manos del Ejecutivo para su reglamentación, consumando la quita de un beneficio que operaba como un amortiguador clave en los meses más fríos del año.«En un contexto de tarifas impagables y con inviernos muy rigurosos, el ajuste permanente de Milei anula ahora un derecho adquirido que resultaba un alivio fundamental para la economía real del día a día de la sociedad», recriminó.
El nudo central de la reforma liquida el criterio que regía desde la ampliación sancionada en 2021. Si bien la nueva normativa preserva la bonificación sobre el gas natural y propano por redes en la Patagonia, la localidad de Malargüe y la Puna —aunque modificando la modalidad de cálculo sobre el componente Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST)—, despoja de forma automática a todo el resto de las regiones incorporadas hace tres años.
A partir de ahora, para las localidades ubicadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, el beneficio dejará de ser universal y automático por el solo hecho de padecer bajas temperaturas. El acceso al descuento quedará condicionado a que el hogar encaje en los parámetros del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), oficializado previamente mediante el Decreto 943/2025.
Las estimaciones preliminares del propio proyecto desnudan la magnitud del recorte: más de 1,6 millones de usuarios distribuidos en más de 90 municipios perderán la asistencia tarifaria en las boletas de gas.
El nuevo mecanismo cruza la ubicación climática con una severa evaluación patrimonial y de ingresos. El SEF fija que cualquier hogar cuyos integrantes registren ingresos netos acumulados superiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT) quedará automáticamente fuera del beneficio. La Secretaría de Energía quedó facultada para cruzar datos patrimoniales —como la tenencia de vehículos, inmuebles o consumos de tarjetas— para presumir «capacidad de pago» y dar de baja el subsidio.
De esta manera, la clase media y los trabajadores formales de más de 90 distritos del centro del país sufrirán la quita total del diferencial geográfico. «Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho», sentenció en su tramo final la FAM.
