La policía de Bolivia ejecutó la detención del fiscal general del país, Roger Mariaca, en el aeropuerto de Viru Viru, Santa Cruz. El procedimiento, calificado de «ilegal» por el propio Ministerio Público y denunciado en vivo como un «secuestro» por funcionarios judiciales, incluyó además el allanamiento sin orden de la sede de la fiscalía en Sucre.
Mariaca es quien tenía a su cargo la causa contra Fernando Cerimedo -el exasesor de Javier Milei, Jair Bolsonaro y el mandatario boliviano Rodrigo Paz- encarcelado por el posible intento de femicidio de su expareja, Nadia Beller.
La propia Beller, que sobrevivió a un ataque a balazos perpetrado por dos sicarios en agosto pasado, encendió la alarma en sus redes sociales apenas se conoció el operativo policial sobre las oficinas judiciales.
Las denuncias de Beller apuntan de lleno al gobierno de Rodrigo Paz, al que acusa de armar una trama para encubrir y beneficiar al fundador de La Derecha Diario. Cerimedo no solo enfrenta cargos por la tentativa de asesinato y enriquecimiento ilícito, sino que el avance del expediente destapó presuntos vínculos con la corrupción y protección al narcotráfico en la región de Beni, respaldada por audios difundidos por el propio vicepresidente boliviano, Edman Lara.
A esta red de complicidades locales se suma la sombra de Washington. Beller sacó a la luz imágenes de Cerimedo posando junto a Donald Trump Jr., dejando al descubierto los tentáculos del consultor en la Estados Unidos. Para la abogada, las fuerzas de seguridad no busca otra cosa que la impunidad absoluta y la protección de la «red MAGA», cuyos alfiles regionales buscan sacar a Cerimedo del penal donde cumple prisión preventiva.
El arresto de Mariaca se desencadenó pocas horas después de que el Departamento de Estado de EE.UU. incluyera al fiscal general en una lista negra de 13 funcionarios y exfuncionarios a quienes les revocó la visa. Bajo el argumento de «socavar instituciones democráticas», la administración de Donald Trump acusó a Mariaca de poner en riesgo los esfuerzos para «combatir el narcoterrorismo» a través del programa Escudo de las Américas.
Sin embargo, para el entorno judicial y político en Bolivia, la movida norteamericana busca operar en la causa Cerimedo. El propio Mariaca, elegido en octubre de 2024 por el periodo constitucional de seis años, rechazó los señalamientos de la Casa Blanca y vinculó las sanciones a las implicaciones internacionales del caso contra el exconsultor libertario.
Ante la gravedad del escándalo institucional que sacude al país, la Asamblea Legislativa de Bolivia anunció que sesionará este 5 de octubre para debatir la conformación de una comisión especial que investigue la revocación de visas y los señalamientos de Estados Unidos.
El Ejecutivo boliviano consideró «graves» los datos enviados desde Washington y aseguró que pedirá la información correspondiente para ir «a fondo». La pregunta que surge es si el gobierno de Donald Trump intenta proteger al exconsultor político. Mientras tanto, Cerimedo sigue con prisión preventiva en Bolivia por ser el principal acusado del intento de asesinato que sufrió, en agosto último.
