La asociación civil Usina de Justicia formalizó este martes una denuncia contra Marta Elba Pascual, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora que suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. En paralelo, el brazo político del Gobierno nacional en territorio bonaerense, La Libertad Avanza (LLA), confirmó que promoverá un pedido de juicio político contra la magistrada.
La embestida contra la jueza se desplegó en dos frentes judiciales coordinados. Por un lado, la ONG Usina de Justicia —representada por Fernando Oscar Soto y el abogado Martín Luis Sarubbi— solicitó intervenir como amicus curiae en la causa «Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo», expediente que dio origen a la cautelar. Por otro lado, radicó una denuncia penal contra Pascual imputándole los presuntos delitos de «usurpación funcional» y «abuso de autoridad».
Desde la ONG argumentaron que la resolución de la jueza se basó en «una hipótesis de futuro acerca de un posible incremento de las internaciones y de las condiciones de alojamiento, sin que existiera una lesión concreta que justificara suspender la aplicación de la ley». Asimismo, cuestionaron que la magistrada no sopesara que la recién sancionada Ley 27.801 prevé sanciones no privativas de la libertad para los adolescentes de 14 y 15 años, como medidas educativas, prohibiciones de contacto, monitoreo electrónico y mecanismos de reparación integral del daño.
El diputado nacional y titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, adelantó que presentará la solicitud de enjuiciamiento ante la Secretaría de Enjuiciamiento bonaerense. «Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política», disparó el armador libertario, acusando a la magistrada de alzarse contra un texto normativo aprobado por el Congreso de la Nación.
El ataque se alinea con la reacción de la senadora Patricia Bullrich, quien el lunes tildó a la magistrada de representar a «una Justicia provincial garantista que deja libres a los chicos para que sigan robando» y aprovechó para cruzar al gobernador Axel Kicillof asegurando que «se pone del lado de los delincuentes».
La jueza Pascual ratificó los fundamentos éticos y operativos de su resolución en declaraciones radiales. Si bien aclaró que respeta la baja de la edad de imputabilidad a 14 años, fundamentó la suspensión temporal en la necesidad de contar con recursos concretos.
«Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos me a dar seguridad», argumentó la funcionaria judicial, quien fuera ministra de Familia y Desarrollo Humano durante la gobernación de Eduardo Duhalde.
La jueza insistió en que su criterio aplica la «justicia restaurativa» para procurar que los jóvenes se responsabilicen por sus actos mediante «oficios, actividades adentro y terapia». «¿Qué vamos a hacer con los chicos que privemos de la libertad o que les apliquemos estas sanciones? Hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente. No pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan», concluyó.
Como parte de la cautelar, Pascual convocó a una audiencia clave para el próximo 16 de septiembre, donde las autoridades provinciales deberán detallar qué partidas y planes tienen previstos para implementar la ley.
