La morosidad de las familias argentinas continúa en aumento: mientras el Gobierno destaca la desaceleración de la inflación y la recuperación de algunos indicadores macroeconómicos, cada vez más hogares tienen dificultades para cumplir con sus compromisos financieros.
Según un informe elaborado por EcoGo junto con la Universidad Austral, en julio 12 de las 24 jurisdicciones argentinas tenían al menos al 30% de sus deudores en situación de mora.
A nivel nacional, el 26,6% de los deudores tenía algún atraso en sus pagos, tanto de préstamos personales como de tarjetas de crédito. El indicador aumentó 0,3 puntos porcentuales respecto de junio y quedó 8,3 puntos por encima del nivel registrado un año atrás. Para esta medición, una persona es considerada en mora cuando posee al menos un saldo irregular, independientemente del monto de la deuda.
Las provincias con mayor morosidad
La situación más complicada se registró en La Rioja, donde el 36,5% de los deudores tenía algún atraso en sus pagos. Detrás aparecen:
- San Juan: 35,6%
- Catamarca: 35,5%
- San Luis: 34,7%
- Chaco: 33,8%
- Tucumán: 33,3%
- Corrientes: 31,8%
- Formosa: 31,6%
- Santiago del Estero: 31,2%
- Salta: 31,1%
- Santa Cruz: 30,9%
- Misiones: 30,6%
De esta manera, esas 12 jurisdicciones superaron el 30% de deudores con atrasos durante julio. En el extremo opuesto aparece la Ciudad de Buenos Aires, que registró el nivel más bajo del país: 15,4% de sus deudores estaba en mora. La siguen La Pampa, con 20,4%; Santa Fe, con 23,1%; Neuquén, con 23,6%; Entre Ríos, con 24,3%; Río Negro, con 25%; y Córdoba, con 25,2%.
La enorme diferencia entre las jurisdicciones muestra que el deterioro del crédito no impacta de la misma manera en todo el país y que las condiciones para afrontar las deudas varían según la región.
El aumento de los atrasos se produce, además, en un contexto en el que el financiamiento destinado a las personas comenzó a mostrar una menor dinámica. En julio, el crédito destinado a personas alcanzó los $99,4 billones a precios de ese mes, lo que representó una caída real del 0,7% frente a junio. Sin embargo, el stock todavía se ubicó 4,7% por encima del nivel registrado en julio de 2025.
La cantidad de personas con atrasos no es la única forma de medir el problema. También es posible observar qué proporción del dinero prestado se encuentra en situación irregular. En ese caso, el indicador de morosidad por monto llegó en julio al 18% a nivel nacional.
La cifra representa un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto de junio y de 10,3 puntos frente a julio del año pasado. Según EcoGo y la Universidad Austral, se trata del 21° aumento mensual consecutivo de este indicador.
El dato resulta especialmente significativo porque muestra que el problema no se limita a un grupo aislado de personas con pequeñas deudas atrasadas: también está aumentando la proporción del dinero prestado que presenta dificultades de cobro.
El informe también muestra una diferencia importante entre los bancos tradicionales y los llamados proveedores no financieros de crédito (PNFC). En este grupo se encuentran, entre otros, fintech, billeteras virtuales, cadenas comerciales y cooperativas.
Aunque los bancos concentran una proporción mucho mayor del dinero prestado, los niveles de morosidad son considerablemente más elevados entre los proveedores no financieros. En los PNFC, la mora medida por monto alcanza el 31,3%, frente al 15,8% del sistema financiero general. Estos proveedores representan el 14,6% del crédito relevado, pero sus carteras presentan un deterioro mucho mayor.
En un segundo informe, EcoGo analizó específicamente la evolución del crédito no bancario y encontró un nivel de irregularidad del 29,5%, casi cuatro veces superior al registrado entre los bancos tradicionales. Además, el estudio estimó que el 13,8% de esas carteras ya está clasificado como irrecuperable, debido a que acumula más de un año completo de atraso.
La evolución del crédito no bancario muestra un deterioro especialmente fuerte. En noviembre de 2024, la irregularidad de este tipo de crédito era del 6,5%. Para julio de este año, había trepado al 29,5%. En paralelo, la proporción de créditos considerados normales se redujo de 89,8% a 66,6%.
La desaceleración de la inflación constituye una mejora respecto de los niveles extraordinarios registrados durante los primeros meses del actual proceso económico, pero una inflación que baja no significa necesariamente que los ingresos de las familias hayan recuperado el terreno perdido ni que el costo de vida haya dejado de presionar sobre sus presupuestos.
Los datos de morosidad muestran precisamente esa otra dimensión de la economía: personas que siguen utilizando crédito para afrontar sus gastos, pero que cada vez tienen mayores dificultades para devolverlo.
Con 26,6% de los deudores en mora a nivel nacional, 12 provincias por encima del 30% y un indicador de morosidad por monto que lleva 21 meses consecutivos en aumento, el problema excede una fotografía puntual de julio.
