Adorni pidió una prórroga para explicar las inconsistencias de su patrimonio ante la Justicia

Manuel Adorni pidió una prórroga para responder ante la Justicia por las inconsistencias detectadas en su patrimonio. La Fiscalía también reclama explicaciones sobre propiedades, obras, dólares en efectivo, gastos y operaciones con criptomonedas.

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga ante la Justicia para presentar su justificación patrimonial y responder las preguntas formuladas por la Fiscalía sobre una serie de inconsistencias detectadas durante la investigación. Ahora será el juzgado el que deberá resolver si le concede la extensión solicitada.

La defensa de Adorni planteó además que el exfuncionario pueda acceder a documentación incorporada al expediente a partir del análisis del teléfono de Matías Tabar, el contratista que realizó trabajos en una de las propiedades vinculadas con el exjefe de Gabinete.

La investigación judicial puso el foco en las diferencias detectadas entre los ingresos declarados por Adorni y determinados gastos, adquisiciones y movimientos patrimoniales reconstruidos durante la pesquisa. El informe técnico realizado antes del requerimiento fiscal permitió detectar inconsistencias que, según el fiscal Pollicita, justificaron avanzar con un pedido formal de explicaciones.

Entre los puntos que la Fiscalía reclama aclarar aparece el origen de dólares en efectivo declarados, operaciones vinculadas con préstamos familiares, la compra de un vehículo y la adquisición de un terreno en el country Indio Cuá.

El requerimiento también incluye preguntas sobre las obras realizadas en esa propiedad y, especialmente, sobre el origen de los fondos utilizados para pagarlas.

Los u$s245.000 por las obras en Indio Cuá

Uno de los capítulos centrales de la investigación está relacionado con la remodelación de la vivienda ubicada en Indio Cuá. Por esos trabajos, Tabar declaró haber recibido u$s245.000.

La Fiscalía pidió a Adorni que precise de dónde provinieron esos fondos y que presente documentación que permita respaldar los pagos efectuados al contratista.

El dato adquiere relevancia dentro de una investigación que busca reconstruir si existe correspondencia entre los ingresos que el exfuncionario declaró y el nivel de gastos, inversiones y operaciones patrimoniales detectados durante la pesquisa.

El teléfono del contratista, una pieza clave

El celular de Tabar se transformó en uno de los elementos relevantes del expediente. El contratista entregó voluntariamente su teléfono a la Justicia y posteriormente se realizó una extracción forense de su contenido. El procedimiento permitió incorporar chats, llamadas y documentación vinculada con los trabajos realizados en la propiedad de Adorni.

Ese material comenzó a ser analizado por los investigadores. Ahora, la defensa pretende acceder a parte de esa documentación antes de que el exfuncionario responda las preguntas formuladas por la Fiscalía.

También investigan otra propiedad y gastos en efectivo

Otro de los capítulos de la pesquisa está relacionado con una propiedad ubicada en Miró 550. La Fiscalía pidió explicaciones sobre los fondos utilizados para su adquisición y sobre distintos pagos vinculados con muebles.

A esto se suman interrogantes sobre ingresos no alcanzados por Ganancias, gastos en efectivo relacionados con viajes y educación y la utilización de terceros para concretar determinadas compras y pagos.

El conjunto de preguntas apunta a reconstruir cómo se financiaron diferentes gastos y adquisiciones y cuál fue el origen de los fondos utilizados en cada operación.

Las criptomonedas, otro punto bajo la lupa

La investigación también puso el foco sobre las operaciones realizadas por Adorni con criptomonedas.

La Fiscalía pidió que el exfuncionario detalle cómo fue su operatoria con criptoactivos y, en particular, cuál fue el origen del capital con el que asegura haber iniciado esas operaciones.

El dato forma parte de la revisión de su situación patrimonial. En su declaración jurada correspondiente a 2025, Adorni había informado ingresos vinculados con la venta de criptomonedas y declarado un patrimonio superior a $944 millones.

Ahora, la defensa busca obtener más tiempo y acceder a parte de la documentación incorporada al expediente antes de responder el extenso cuestionario fiscal.