La conducción del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) resolvió exonerar a la doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del INTA-CONICET, Virginia Aparicio. La medida representa la sanción disciplinaria más severa prevista: implica la expulsión directa del sistema y la inhabilitación para volver a ejercer cargos en el Estado.
La resolución de 29 páginas firmado por el presidente del INTA, Nicolás Bronzovich, busca disfrazar de «irregularidad administrativa» lo que la comunidad académica y las organizaciones socioambientales denuncian como una revancha corporativa. El «delito» de Aparicio fue haber coordinado la sección argentina del Proyecto SPRINT (Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global), un prestigioso consorcio científico financiado por la Unión Europea junto a once países que midió el impacto de los plaguicidas en el ambiente y los seres humanos.
El ensañamiento contra la investigadora comenzó a gestarse en 2023, cuando se conocieron las primeras publicaciones del monitoreo. En aquel momento, la cúpula del INTA censuró la devolución de los análisis a los propios voluntarios, obligó a retirar a la Argentina del consorcio internacional —siendo el único país no europeo participante por su peso en el mercado agroexportador— y le abrió un sumario acusándola sin fundamentos técnicos por el envío de muestras a laboratorios europeos certificados y cuestionando los consentimientos informados.
El estudio conducido por Aparicio expuso datos estremecedores que explican por qué la conducción política prefirió castigar a la científica antes que proteger la salud pública. En la evaluación realizada a 73 participantes argentinos (entre productores, consumidores y vecinos de pueblos fumigados), el 100% de los testeados presentó glifosato y su metabolito AMPA en el cuerpo, sin importar si residían en zonas rurales o en pleno centro urbano.
Los resultados biológicos mostraron que los argentinos conviven con plaguicidas que van de 6 a 13 agroquímicos en orina, entre 2 y 10 en sangre, y hasta 18 en materia fecal, alcanzando niveles más dramáticos que los registrados en los países europeos. La medición individual a través de pulseras de monitoreo detectó hasta 53 compuestos químicos en el entorno cotidiano de la gente, mientras que la dieta diaria arrojó entre 6 y 22 sustancias nocivas por muestra de alimento.
El polvo acumulado en el interior de los hogares reflejó la carga de contaminación más alta del estudio global: se encontraron entre 43 y 86 plaguicidas por muestra, ubicando a la Argentina como el país con mayor presencia de agrotóxicos peligrosos, con el glifosato y el organofosforado clorpirifos a la cabeza.
Los suelos agrícolas del país promediaron concentraciones de veneno superiores a las de Europa, registrando hasta 12 plaguicidas por muestra, mientras que el agua de superficie presentó entre 10 y 28 compuestos químicos. En la cadena productiva, los granos mostraron hasta 8 plaguicidas, el alimento balanceado de 5 a 25, y el ganado analizado registró hasta 16 sustancias en materia fecal, probando el efecto acumulativo e interactivo del «efecto cóctel».
En un país donde se esparcen anualmente más de quinientos millones de litros de formulados químicos, las conclusiones del Proyecto SPRINT confirman científicamente lo que agrupaciones de pueblos fumigados, médicos rurales y la Sociedad Argentina de Pediatría sostienen desde hace décadas: las explosiones de casos de cáncer, malformaciones congénitas, abortos espontáneos, afecciones respiratorias y trastornos neurocognitivos en el interior del país no son una casualidad, sino la consecuencia directa de un modelo extractivo.
La expulsión de Virginia Aparicio deja en evidencia la rendición del Estado ante las presiones del complejo agroindustrial. Sin embargo, gremios, científicos y redes ambientalistas ya anunciaron que profundizarán las acciones judiciales y la movilización popular para revertir la sanción y evitar que el intento de censura logre tapar la verdad.
