Este martes, las casas de altos estudios de todo el país llevarán adelante un paro total de actividades académicas y administrativas por 24 horas, en el marco del plan de lucha convocado por el Frente Sindical de las Universidades.
La medida de fuerza es la respuesta a la última reunión paritaria en la que el Gobierno nacional volvió a tomarle el pelo a los trabajadores del sector al ofrecer 3% de aumento para septiembre y otro 3% para octubre. Las organizaciones sindicales rechazaron nuevamente la oferta por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los salarios.
La propuesta oficial se da en un contexto donde los gremios y las autoridades académicas exigen el cumplimiento irrestricto de la Ley de Financiamiento Universitario para cubrir una brecha del 33,4% que arrastran los haberes desde noviembre de 2023. “Una falta de respeto”, “un atropello a los trabajadores” y “una burla” son las definiciones que se multiplican en las asambleas docentes y nodocentes, mientras los estudiantes suman protestas tanto en las distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como en las puertas del Ministerio de Capital Humano.
La política de vaciamiento encarada por la gestión libertaria no es gratuita y ya muestra consecuencias devastadoras. Durante estos tres años de ajuste, la sangría en las instituciones que constituyen un orgullo internacional para la Argentina es alarmante: se calcula que al menos 10 mil docentes abandonaron las aulas debido a la depreciación de sus ingresos.
En paralelo, la investigación científica y la tecnología —las áreas más golpeadas por la motosierra oficial— sufren un párate sin precedentes, acompañado por un deterioro acelerado de la infraestructura edilicia y la falta absoluta de perspectivas de recuperación.
En el proyecto de Ley de Presupuesto para 2027 presentado en el Congreso, el borrador del Palacio de Hacienda vuelve a quedar edesfasado respecto a las necesidades operativas mínimas relevadas por el Consejo Interuniversitario Nacional. Mientras los rectores solicitaron un piso de 11 billones de pesos para garantizar el funcionamiento, el Gobierno pretende fijar la partida en 7,5 billones, lo que implica un recorte del 32% en términos reales.
Esta brecha presupuestaria ubica a las universidades nacionales al borde de la parálisis total. En los rectorados ya volvió a emerger el fantasma de tener que suspender el dictado de clases durante el primer cuatrimestre del próximo año, dado que los fondos apenas alcanzarían para abonar los salarios desactualizados, dejando sin financiamiento los gastos de funcionamiento elementales —como luz, agua, gas y seguridad— y liquidando el resto de las actividades de extensión e investigación.
El retroceso histórico queda en evidencia al analizar la evolución del gasto en el sector. El presupuesto asignado a la educación superior cayó al 0,53% del PBI, desplomándose desde el 0,87% que representaba en 2015. De confirmarse la proyección oficial para 2027, los gastos operativos registrarán un hachazo del 50% y la partida para becas estudiantiles sufrirá un recorte del 70% en comparación con los valores de 2023.
