La parálisis presupuestaria y el ajuste llevado adelante por la gestión de Javier Milei sumaron un nuevo frente de conflicto, esta vez con el Consejo de Federaciones y las 29 federaciones provinciales, los bomberos voluntarios de la Argentina realizarán este jueves 10 de septiembre a las 10 de la mañana un sirenazo nacional y simultáneo para visibilizar la acuciante falta de recursos que atraviesan las instituciones de socorro.
Desde la conducción de la entidad precisaron que la medida de protesta será de carácter pacífico y que no afectará de ningún modo la operatividad ni la respuesta ante eventuales siniestros: las guardias permanecerán totalmente activas y la atención de emergencias mantendrá prioridad absoluta en cada una de las localidades.
El eje central del reclamo pasa por el sistemático incumplimiento del financiamiento previsto en la Ley 25.054. En concreto, el Consejo Nacional de Bomberos exige a la Superintendencia de Seguros de la Nación —organismo encargado de la administración y liquidación de los recursos— la transferencia inmediata de aproximadamente 59 mil millones de pesos. Dichos fondos provienen del fideicomiso común alimentado por las pólizas de seguro y están destinados por ley a nutrir las arcas del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), estructura que abarca a más de 1.000 asociaciones y cerca de 52.000 efectivos en todo el territorio argentino.
La agenda de demandas aprobada por los cuarteles contiene cuatro puntos de resolución prioritaria orientados a frenar la asfixia operativa del sistema:
- Emergencias en rutas concesionadas: Los cuarteles acuden diariamente a rescates y siniestros viales en trazas concesionadas desplegando autobombas, herramientas y personal sin percibir remuneración ni contraprestación alguna. Ante esto, solicitan que los pliegos de la nueva Red Federal de Concesiones (Decreto 97/2025) contemplen convenios obligatorios, una canon mensual por disponibilidad, el reembolso de gastos extraordinarios y la reparación por daños en el equipamiento dañado durante los operativos.
- Aplicación plena de la Ley de Fortalecimiento (27.629): Sancionada en 2021, la norma otorga beneficios fiscales que hoy se encuentran frenados. Piden de manera urgente que la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA) efectivice los reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la compra interna de bienes, suministros y equipamientos operativos.
- Trabas a las compras internacionales: Demandan la intervención del Ministerio de Economía y del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para agilizar y autorizar de forma prioritaria los pagos al exterior, mecanismo indispensable para la adquisición de insumos de protección personal y vehículos pesados de alta tecnología que no se fabrican en el país.
El reclamo expone la contradicción de un Estado que pretende desligarse del sostenimiento financiero de un sistema compuesto por 52 mil voluntarios que arriesgan su vida a diario, reteniendo recursos que ya fueron aportados por los asegurados y trabando la llegada de equipamiento crítico para la seguridad pública.
