El fiscal federal Franco Picardi solicitó formalmente la declaración testimonial de Nadia Beller, la abogada que sobrevivió recientemente a un intento de femicidio en Bolivia por el que se encuentra detenido e imputado el exconsultor digital del Gobierno libertario, Fernando Cerimedo.
La citación de la Justicia argentina responde a los explosivos dichos públicos de Beller, quien tras el atentado reveló que guarda en su poder un archivo comprometedor de audios y mensajes. En esas grabaciones, Cerimedo —su expareja y operador de la comunicación oficialista— admitía que la propia Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, estaba vinculada al cobro de retornos en el organismo encargado de asistir en discapacidad.
Según detalló Beller, el posterior distanciamiento de Cerimedo del círculo íntimo de Javier Milei se desató tras la filtración de los audios de Diego Spagnuolo, ex titular de ANDIS. Esas grabaciones destaparon un esquema de retornos del 8% a favor del Gobierno sobre las compras de insumos y medicamentos, donde un 3% iba presuntamente destinado a Karina Milei, mientras que otro porcentaje sustancial tenía como destinatario al subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo «Lule» Menem.
Beller hizo pública su predisposición a declarar bajo juramento. Explicó que comenzó a grabar de manera metódica a Cerimedo cuando el vínculo personal derivó en desconfianza y violencia. «Fernando me dijo que la hermana de Milei estaba involucrada con la corrupción», aseveró, abriendo la puerta a una línea de investigación que apunta directamente al corazón del gabinete nacional.
Atento a que Beller permanece en Bolivia recuperándose de las graves heridas del ataque y que Cerimedo se encuentra encarcelado en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro por ese mismo hecho, la solicitud de Picardi ya fue remitida a la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia. El fiscal requirió que las autoridades del vecino país garanticen el acompañamiento institucional para que la testigo clave pueda prestar su testimonio por vía virtual en las próximas semanas.
En paralelo, el juez federal Ariel Lijo le dio un nuevo revés al Gobierno al rechazar las presentaciones de las defensas que pretendían congelar las pericias técnicas sobre los dispositivos incautados, ordenándole a la Gendarmería Nacional que continúe el análisis de los archivos de audio que comprometen a la cúpula libertaria.
La causa ANDIS ya cuenta con 19 procesados —entre ellos el propio Spagnuolo, su número dos, Daniel Garbellini, y el lobista mediático Miguel Ángel Calvete— y mantiene bajo la lupa a 49 exfuncionarios y empresarios privados. En su dictamen, el fiscal Picardi dio por probado la existencia de una asociación ilícita que montó un circuito discrecional para direccionar la compra de medicamentos de alto costo e insumos médicos a favor de un cartel de droguerías amigas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.
Las pericias contables detectaron sobreprecios de hasta un 2000% en medicamentos de alta complejidad y un 4000% en insumos esenciales como sillas de ruedas, prótesis y aparatología ortopédica. Todo esto mientras personas ajenas al organigrama estatal operaban dentro del organismo negociando contratos, exigiendo retornos en efectivo y diseñando maniobras de lavado de dinero.
Paradójicamente, en septiembre del año pasado, el propio Cerimedo había declarado como testigo ante Picardi en este mismo expediente. En aquel entonces, el consultor confirmó que Spagnuolo le había confesado en privado la existencia del retorno del 8%, el desvío hacia la Casa Rosada y las sumas millonarias para Lule Menem. Cerimedo llegó a admitir que Spagnuolo le había informado personalmente de toda esta estructura delictiva al presidente Javier Milei y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
