En medio de la avanzada punitivista que impulsan el Gobierno nacional y sus aliados con la reforma al Régimen Penal Juvenil, la jueza Laura Beatriz De Marinis, a cargo del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 —norma que redujo la edad mínima de responsabilidad penal— y sobreseyó a un adolescente de 14 años imputado en una causa por tentativa de robo. La resolución provocó un ataque feroz por parte del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien anunció un pedido de juicio político contra la magistrada.
El expediente se inició a partir de un hecho ocurrido el pasado 10 de septiembre, en el que participaron al menos cuatro adolescentes. Según la denuncia, un hombre de 47 años fue abordado en la vía pública por el grupo, donde uno de ellos le exigió la entrega del celular. La víctima logró evadir la situación, pidió auxilio a un agente policial que se encontraba en las inmediaciones y el hecho quedó caratulado como robo simple en grado de tentativa, sin llegar a consumarse.
Al analizar las características específicas del episodio, De Marinis consideró determinante que no existió una afectación real al patrimonio de la víctima ni un daño a su integridad física, más allá del momento de estrés e intimidación atravesado. Bajo este análisis, concluyó que la aplicación de la nueva ley punitiva resultaba regresiva para el adolescente en cuestión.
Lejos de validar la receta de encerrar a los jóvenes como solución al delito, la jueza precisó que la contención estatal debe canalizarse por las vías correspondientes: “Mayor intervención del Estado, pero no punitivo, sino Estado social”, remarcó en el fallo. Asimismo, sostuvo que el sistema de protección integral debe operar para que el menor comprenda la trascendencia de sus actos sobre los derechos de terceros, garantizando paralelamente la presencia de adultos referentes que puedan fijarle límites y contención.
En su resolución, De Marinis recordó la vigencia de principios fundamentales como el interés superior del niño, el derecho a ser oído, la especialidad y la proporcionalidad en el tratamiento penal. Citó además las advertencias del Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), organismo que había recomendado a la República Argentina mantener en 16 años el piso de la responsabilidad penal y abstenerse de cualquier tipo de modificación regresiva.
Si bien la jueza aclaró que su dictamen no implica una declaración de inconstitucionalidad generalizada de la Ley 27.801 para la totalidad de los casos, remarcó que el fuero juvenil tiene la obligación de examinar cada causa en forma particular, atendiendo a “la edad de los involucrados, el delito imputado y la trayectoria vital del adolescente”. Con estos fundamentos, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 “en el caso concreto” y ordenó el sobreseimiento del chico por considerarlo no punible.
A través de sus redes sociales, Jorge Macri arremetió contra la magistrada. “Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, disparó el jefe de Gobierno. Y agregó: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.
