El «giro malvinero» de Javier Milei en cadena nacional abrió una brecha que la oposición no tardó en capitalizar. Aprovechando el intento de la Casa Rosada por tapar la crisis económica con retórica soberanista, el peronismo de centro que encabeza el diputado entrerriano Guillermo Michel salió a correr al Gobierno por derecha con una propuesta económica: cortar de raíz los privilegios y beneficios fiscales que benefician a más de 500 contribuyentes y corporaciones del Reino Unido que obtienen rentas en la Argentina.
A través de un proyecto de ley, Michel propuso que el Ejecutivo denuncie el «Convenio entre Argentina y el Reino Unido para evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Capital». Se trata de un acuerdo firmado en Buenos Aires el 3 de enero de 1996, bajo la presidencia de Carlos Menem.
Aquel pacto establece topes mínimos para las retenciones por el pago de ganancias derivadas de dividendos, intereses y regalías en favor de las empresas británicas. En la práctica, representa una sangría para las arcas públicas nacionales, con un costo fiscal promedio estimado en 50 millones de dólares anuales.
En diálogo con La Política Online, Michel detalló los aspectos técnicos del reclamo: «Estamos proponiendo que el gobierno de Javier Milei denuncie el Convenio», amparándose en el artículo 31 del propio texto, que faculta a cualquiera de las partes a rescindirlo por vías diplomáticas.
La oposición busca desnudarle el libreto al Presidente, que el pasado jueves prometió enviar un proyecto al Congreso para endurecer las sanciones a las firmas que exploten recursos en la zona en disputa. «Si el gobierno quiere tener una herramienta de negociación seria, y no solo hacer anuncios para la tribuna, puede dejar sin efecto los beneficios fiscales de las empresas inglesas por sus actividades en Argentina», remarcó Michel.
Luego, el legislador fundamentó: «El Reino Unido continúa promoviendo y autorizando actividades económicas y de explotación de recursos naturales —petróleo y pesca— en áreas sujetas a la disputa de soberanía, sin autorización de nuestro país».
En ese sentido, aportó cifras que exponen la asimetría del acuerdo vigente: «Hay más de 500 contribuyentes del Reino Unido que han utilizado en los últimos años los beneficios fiscales del Convenio, y muy pocos argentinos que han efectuado el beneficio de manera recíproca. Es hora de cortar con estos privilegios para contribuyentes de un país que no respeta a la Argentina», sentenció.
La embestida opositora expone, además, la abierta contradicción de la política exterior libertaria. Mientras Milei promete ante las cámaras endurecer las penas contra la usurpación de recursos, la realidad de los hechos demuestra que su administración archivó y dejó sin efecto las sanciones que en 2022 el Estado argentino había aplicado contra las petroleras Rockhopper (británica) y Navitas (israelí).
Ambas corporaciones avanzan actualmente en la fase operativa del yacimiento Sea Lion, ubicado en la cuenca norte del archipiélago. Tal como consta en los propios reportes y comunicaciones corporativas firmadas por el magnate israelí Gideon Tadmor, la llegada del gobierno libertario y la suspensión de las sanciones argentinas fue la llave que les permitió a las compañías conseguir el financiamiento internacional para acelerar el saqueo hidrocarburífero.
