La jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una medida cautelar que le prohíbe a la compañía británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum avanzar con cualquier tipo de actividad vinculada a la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
La resolución judicial responde a un amparo presentado de forma conjunta por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y la Asociación Argentina de Abogados/as y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). El fallo no solo dispone la parálisis inmediata de las operaciones, sino que le otorga a las corporaciones un plazo perentorio de diez días para presentar ante el juzgado toda la documentación relativa a contratos, esquemas de financiamiento, compañías aseguradoras y el estado de ejecución real del emprendimiento.
El dictamen de la jueza Borruto no se agota en la suspensión de las tareas de perforación en alta mar. La prohibición alcanza de forma integral a la instalación de infraestructura submarina, logística de apoyo y a las obras portuarias y terrestres proyectadas para sostener el megaproyecto energético.
Entre los fundamentos centrales de la causa, la Justicia constató una irregularidad flagrante: el proyecto Sea Lion jamás inició ni tramitó el procedimiento obligatorio de Evaluación de Impacto Ambiental ante las autoridades competentes del Estado argentino, operando al margen de la legislación nacional y violando los derechos soberanos sobre la plataforma continental. Asimismo, el juzgado contempló los antecedentes de sanción e inhabilitación administrativa que ya pesaban sobre Rockhopper por ejecutar actividades extractivas ilegales bajo el amparo de licencias espurias otorgadas por las autoridades de ocupación británicas.
Para que el fallo tenga efectividad práctica, la notificación a las firmas extranjeras resulta un paso decisivo. Fuentes del Juzgado Federal de Río Grande confirmaron que la resolución debe ser puesta en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, organismo que tiene a su cargo la tramitación diplomática correspondiente.
Durante la gestión de Javier Milei, los reclamos de los gobiernos provinciales y los colectivos ambientales frente a la avanzada extractivista británica en el Atlántico Sur fueron sistemáticamente congelados. La notificación de este fallo judicial funcionará como una prueba de fuego para la Cancillería: determinará si el Palacio San Martín actúa con la celeridad institucional que exige la causa Malvinas o si vuelve a anteponer la pasividad diplomática para no perturbar los intereses del capital anglo-israelí, que planeaba comenzar la extracción comercial de crudo en 2028.
