En un fallo que sepulta cualquier intento de juzgar las responsabilidades penales detrás del crédito más escandaloso en la historia de la Argentina y del propio Fondo Monetario Internacional (FMI), la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal confirmó este viernes el cierre definitivo de la causa que investigaba el pacto Stand By celebrado en junio de 2018 durante la gestión de Mauricio Macri.
Aquel expediente, que ponía la lupa sobre la firma y ejecución del préstamo inicial de 50.000 millones de dólares —luego ampliado a 57.100 millones—, apuntaba a la actuación de Macri, sus ministros y la cúpula del Banco Central. Sin embargo, con las firmas de los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, la Cámara confirmó la resolución de primera instancia que había dispuesto el archivo del expediente, rechazando de plano el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que reclamaba que la investigación no estaba agotada.
El recurso de la fiscalía exponía irregularidades administrativas. En primer lugar, marcaba la violación flagrante del artículo 75 inciso 4 de la Constitución Nacional al haberse saltado de un plumazo la intervención del Congreso Nacional para contraer la deuda.
A eso sumaba la ausencia de un decreto presidencial que formalizara el acuerdo, la nula intervención del jefe de Gabinete, la actuación fuera de competencia del Ministerio de Hacienda en lugar del de Finanzas, la falta del dictamen obligatorio del Banco Central exigido por la Ley 24.156, aunque para el criterio de Llorens y Bertuzzi, todo este desfiladero de irregularidades burocráticas no alcanza para configurar el delito de abuso de autoridad.
El punto más llamativo de la resolución llegó a la hora de evaluar la acusación por administración fraudulenta. La fiscalía había presentado como prueba clave un informe elaborado por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que calculó el perjuicio patrimonial para las arcas del Estado en 29.618 millones de dólares, producto del desvío de los fondos del crédito para financiar la fuga de divisas de fondos especulativos.
Sin embargo, los jueces de la Cámara explicaron que para que exista el delito de administración fraudulenta «no basta con acreditar un daño económico», sino que debe demostrarse que la disposición de fondos se realizó con pleno conocimiento de que resultaba perjudicial o para un beneficio personal/terceros.
Con el argumento de que el fallo de primera instancia estaba «suficientemente fundamentado» y rebajando el planteo de la fiscalía a una mera discrepancia de criterios, los camaristas resolvieron «CONFIRMAR» el archivo.
