El periodista Luis Novaresio se despachó con una serie de insultos contra la titular del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad, Laura De Marinis. La rabia del conductor estalló luego de que la magistrada declarara, para un expediente específico, la inconstitucionalidad de un artículo de la baja en la edad de imputabilidad fijada por el nuevo Régimen Penal Juvenil.
El detonante fue una causa iniciada a principios de septiembre, cuando un hombre denunció el intento de robo de su celular en Palermo y la Policía detuvo a un adolescente de 14 años. En su fallo, De Marinis sobreseyó al menor fundamentando su decisión en los tratados internacionales ratificados por la Nación —como la Convención sobre los Derechos del Niño—, la situación de vulnerabilidad del chico y la necesidad de ordenar la intervención de organismos estatales de protección social en lugar de una respuesta penal inmediata.
Durante su editorial, Novaresio lanzó: «La jueza Laura de Mariani es una imbécil, es una mala persona, hay que sacarla del lugar», mientras pedía a gritos su destitución. El conductor cargó contra la doctrina jurídica y los principios garantistas que sostienen el derecho internacional: «Son unos onanistas académicos que creen que viven en Finlandia», disparó contra los juristas. Para justificar el insulto, Novaresio se preguntó: «¿Ella puede decir eso y yo no puedo decir que es una imbécil? Estamos todos locos».
La agresión verbal de Novaresio no representó un exabrupto aislado, sino la cúspide de un linchamiento sistemático montado por diversos sectores del periodismo contra la figura de De Marinis. Horas después, en la misma señal, Eduardo Feinmann encabezó su propia embestida tildando a la magistrada de «jueza liberachorros» y difundió públicamente el número de teléfono del juzgado y convocó a la audiencia a llamar masivamente para reclamarle por su fallo.
El ensañamiento mediático actuó en sintonía con la presión del poder político. Casi al mismo tiempo que los conductores pedían su cabeza en horario central, el Gobierno de la Ciudad formalizó una denuncia contra la jueza ante el Consejo de la Magistratura por presunto «mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho», solicitando formalmente su juzgamiento ante un Jurado de Enjuiciamiento.
El apriete institucional busca sentar un precedente peligroso: disciplinar a cualquier magistrado que decida ejercer el control de constitucionalidad. La resolución de De Marinis, dictada para un caso concreto y perfectamente apelable por las vías procesales ordinarias, fue transformada en una causa célebre para alimentar el discurso de mano dura.
Frente a esto, más de 90 integrantes del Poder Judicial porteño firmaron un documento de respaldo a la magistrada en el que advirtieron sobre la gravedad de utilizar el juicio político como método de castigo ante el contenido de las sentencias. Los funcionarios remarcaron que atacar a un juez por sus argumentos jurídicos atenta de manera directa contra la independencia judicial y convierte la administración de justicia en un rehén de las presiones editoriales.
