Convocan a un boicot contra Mercado Pago por sus tasas de crédito: “Boicot al usurero Galperin”

Libres del Sur llamó a no utilizar Mercado Pago, Mercado Libre ni Mercado Crédito. La protesta apunta contra el costo de los préstamos y se da en medio de un aumento del endeudamiento y la morosidad de las familias.

Mientras crece el uso del crédito por parte de los hogares y aumentan los niveles de morosidad, Libres del Sur convocó a un boicot contra Mercado Pago, Mercado Libre y Mercado Crédito por las tasas que aplica en sus préstamos. “Boicot al usurero Galperin”.

La convocatoria apunta a que los usuarios no utilicen las plataformas vinculadas al empresario Marcos Galperín, fundador y principal accionista de Mercado Libre. Desde la organización cuestionaron especialmente el costo de los créditos ofrecidos a través de la plataforma y reclamaron contra las políticas del Gobierno de Javier Milei.

Según denuncian desde la organización, la desregulación del mercado financiero permitió que las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales aumentaran fuertemente el costo del financiamiento.

Una tasa que puede superar el 1.300% de costo financiero

En su información oficial, Mercado Libre publica actualmente para sus préstamos una TNA máxima del 249%. Pero cuando se incorpora el conjunto de costos y se calcula el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), la tasa máxima informada llega al 1.375,94%.

La diferencia no es un detalle técnico menor: la TNA mide el interés nominal, mientras que el CFTEA incorpora otros costos del financiamiento y permite dimensionar cuánto puede terminar pagando efectivamente quien toma un crédito.

El endeudamiento de las familias, en el centro de la discusión

El reclamo aparece en un contexto de creciente utilización del crédito por parte de los hogares. Según el Banco Central, a diciembre de 2025 había 20,3 millones de personas con algún tipo de financiamiento, el máximo histórico hasta ese momento. Además, el saldo promedio por deudor había alcanzado su mayor nivel desde enero de 2020.

La situación también se refleja en la morosidad. En mayo de 2026, la irregularidad de las financiaciones de las familias llegó al 12,8%, según el Informe sobre Bancos del BCRA. El indicador había sido de 12,1% en abril. Ese informe del Central contabilizó 12,1 millones de personas financiadas por estos proveedores en febrero de 2026.

Desde Libres del Sur cuestionaron que el Gobierno permita que las empresas financieras y las billeteras virtuales establezcan condiciones de financiamiento con escasas restricciones sobre el costo final. La organización sostuvo: “No es ‘algo entre privados’, como dicen Milei y Caputo”.

Además, vincularon el crecimiento de las deudas familiares con una transferencia de ingresos hacia los sectores de mayores recursos y cuestionaron el rol que cumplen las plataformas financieras digitales en ese proceso.

El planteo busca instalar una discusión política que va más allá de Mercado Pago: quién fija las reglas del crédito y hasta dónde puede llegar el costo de financiarse cuando una persona necesita dinero para cubrir gastos cotidianos.

Días atrás, el exlegislador del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia contra Mercado Libre por las condiciones de sus créditos. En ese planteo calificó al sistema como “un verdadero mecanismo de usura” y sostuvo que afecta especialmente a quienes recurren al endeudamiento para poder llegar a fin de mes.

Uno de los puntos señalados fue la diferencia entre las condiciones de financiamiento que ofrece la compañía en Argentina y las que aplica en Brasil.

En paralelo, el diputado de Unión por la Patria Guillermo Michel impulsa la creación de un sistema estatal de pagos sin comisiones para los comercios, inspirado en Pix, el sistema de pagos instantáneos utilizado en Brasil.

El Banco Central, por su parte, mantiene bajo su órbita la regulación y supervisión del sistema nacional de pagos, que incluye a bancos, billeteras y otros proveedores de servicios de pago. También, durante 2026 el organismo continuó modificando las reglas del sistema de transferencias y pagos, incluida la regulación de proveedores de servicios de pago.