Desesperado por el impacto político de la 5° Marcha Nacional Universitaria en las calles de todo el país, el Gobierno a través del vocero oficial Adrián Ravier intentan tapar el sol con las manos. El portavoz le pidió «una mano al periodismo» para camuflar el brutal ajuste que sufre la educación superior y presentar los incumplimientos del Poder Ejecutivo como si se tratara de una «campaña del miedo» o información falsa.
«Si se le dice a la gente que este gobierno está en contra de las universidades públicas, que las va a cerrar, que no les vamos a dar el financiamiento que marca la ley, que estamos incumpliendo la ley, la gente se enoja», soltó Ravier sin sonrojarse durante su conferencia de prensa, pretendiendo que los medios de comunicación omitan la parálisis presupuestaria y los salarios docentes pulverizados por la inflación.
Todo esto ocurre a 48 horas de la 5º Marcha Federal, una convocatoria masiva impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes, no docentes y la comunidad estudiantil. La marcha exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma ratificada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación y avalada por la Justicia federal.
Ravier pretendió vender el vaciamiento de la educación como una gesta de generosidad estatal. «La realidad es que este gobierno ha hecho esfuerzos enormes por mejorar el salario de los docentes, con el aumento del 24 por ciento, otro aumento del 3 por ciento, con Pettovello sentándose con los gremios para darles una solución», dijo, citando las reuniones de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, cuyas ofertas unilaterales fueron rechazadas de manera unánime por perder sistemáticamente contra el costo de vida.
Además, la semana pasada, el juez federal Martín Cormick declaró la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante la cual el Poder Ejecutivo pretendía condicionar y congelar arbitrariamente la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei —lejos de acatar la orden emanada del Poder Judicial y girar las partidas correspondientes a las casas de altos estudios— volvió a apelar la resolución jurisdiccional.
Bajo el pretexto de que garantizar el funcionamiento de las aulas y los sueldos de los investigadores «compromete las cuentas públicas», el oficialismo judicializó el conflicto, dejando la resolución final en manos de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. La maniobra dilatoria de la Casa Rosada confirma lo que el vocero Ravier intenta ocultar pidiéndole favores a la prensa.
