La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, presentó nuevos lineamientos para reforzar la disciplina en las escuelas y devolver autoridad a los docentes. La propuesta incluye restricciones sobre la apariencia de los estudiantes, límites al uso de celulares, la recuperación de la nota de conducta y sanciones que pueden llegar a la expulsión definitiva.
Durante un acto realizado en un colegio del distrito de Chaclacayo, junto al ministro de Educación, José Antonio Chang, la mandataria defendió la necesidad de establecer reglas estrictas de convivencia. Pero sus declaraciones dejaron en evidencia que el plan no se limita a combatir la violencia o el acoso escolar: también pretende intervenir sobre la forma en que los adolescentes se presentan en las aulas.
“Hay límites, hay derechos, pero también obligaciones, y ustedes tienen que venir y prepararse en la mañana. Significa peinarse; los hombrecitos, venir con el pelo corto. Está totalmente prohibido pintarse el pelo o maquillarse”, afirmó Fujimori ante los alumnos.
La presidenta también advirtió que, frente a los estudiantes que incumplan reiteradamente las normas, las autoridades deberán actuar con firmeza. “Si ese no es el actuar de algún alumno adolescente que se porta malcriadamente constantemente, pues encontrarán en sus profesores, en el director, en el gobierno y en los padres de familia la autoridad y la actitud drástica que se requiere”, sostuvo.
El planteo oficial apunta a recuperar el orden y la autoridad docente. Sin embargo, al incluir prohibiciones sobre el maquillaje, las uñas pintadas, los tintes y el largo de las faldas, la iniciativa abre otra discusión: hasta dónde debe llegar el Estado en la regulación de la apariencia de los estudiantes y si esas restricciones contribuyen efectivamente a mejorar la convivencia escolar.
Los lineamientos presentados por el Gobierno peruano contemplan reglas de presentación personal para las instituciones educativas públicas. Entre las restricciones anunciadas figuran el uso de maquillaje, las uñas pintadas, el cabello teñido y los pelos considerados excesivamente largos. También se prevé regular el largo de las faldas escolares.
Las instituciones privadas, en cambio, podrán establecer sus propias reglas de presentación, de acuerdo con su autonomía institucional. La propuesta se suma a las restricciones sobre el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, salvo autorización del docente. Esa medida había sido anunciada previamente por el Gobierno.
El Ejecutivo sostiene que las reglas buscan reforzar el respeto, la responsabilidad y la autoridad de los docentes. No obstante, el énfasis puesto en la apariencia personal corre el riesgo de desplazar la discusión sobre los problemas de fondo de las escuelas: la violencia, el acoso, la discriminación y las condiciones necesarias para garantizar una educación segura.
La disciplina escolar puede ser necesaria para sostener una convivencia adecuada. Pero equiparar el cumplimiento de reglas estéticas con el respeto a la autoridad plantea una discusión distinta: llevar el pelo teñido o pintarse las uñas no constituye, por sí mismo, una conducta violenta ni una agresión contra otros integrantes de la comunidad educativa.
El ministro de Educación, José Antonio Chang, explicó que los docentes podrán aplicar cuatro medidas correctivas ante infracciones leves: amonestación verbal o escrita, reparación del daño, restricción temporal de determinados espacios de recreación y separación temporal del aula.
Para las faltas de mayor gravedad, la responsabilidad recaerá en los directores de los establecimientos. Las sanciones previstas incluyen suspensiones de hasta tres días hábiles, con un máximo de cuatro veces por año; matrícula condicional por faltas leves reiteradas o conducta desaprobada; y, finalmente, separación definitiva o expulsión.
La iniciativa clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves. Entre las conductas consideradas de mayor gravedad aparecen el acoso escolar, la violencia sexual, los actos de discriminación, la extorsión, el robo, la portación o el uso de armas y la posesión de artefactos incendiarios o explosivos, entre otras. También se contempla la posesión o el consumo de sustancias prohibidas y la reincidencia en determinadas infracciones.
La aplicación de las medidas deberá considerar distintos factores, como la edad y el desarrollo del estudiante, sus antecedentes de conducta, el contexto de la infracción, el daño causado y la posibilidad de reparación. El esquema prevé, además, mecanismos para solicitar la reconsideración de una expulsión y alternativas para favorecer la continuidad educativa.
Fujimori defendió el endurecimiento de las sanciones y anunció el regreso de las expulsiones definitivas. “Por unos pocos estudiantes malcriados no vamos a perturbar la tranquilidad de la gran mayoría de estudiantes que vienen aquí a aprender, a formarse. Por eso, nuevamente vamos a reinstalar las suspensiones definitivas (expulsiones). Los más malcriados no van a estar en las aulas”, afirmó.
La discusión no pasa únicamente por la necesidad de sancionar hechos graves. El desafío es que las medidas sean proporcionales, respeten los derechos de los estudiantes y no conviertan la exclusión del sistema educativo en una respuesta automática frente a los problemas de convivencia.
La presentación del reglamento forma parte de la agenda educativa con la que Fujimori busca reforzar la autoridad de los docentes y establecer procedimientos más estrictos frente a las conductas que afectan la convivencia escolar.
La mandataria sostuvo que los maestros deben recuperar herramientas para corregir y orientar a los alumnos, incluida la evaluación de la conducta. También pidió denunciar las situaciones de acoso y violencia. “No vamos a permitir ni aceptar el bullying, la violencia, el acoso sexual”, afirmó. Además, instó a los estudiantes a comunicar estos hechos a sus docentes y directivos.
El objetivo de proteger a quienes sufren violencia en las escuelas es distinto de imponer restricciones sobre la apariencia. El reglamento reúne ambas cuestiones bajo una misma política de disciplina, aunque sus consecuencias y fundamentos no son equivalentes: combatir el acoso requiere prevención, acompañamiento y sanciones proporcionales, mientras que prohibir el maquillaje o el pelo teñido implica regular la expresión personal de los adolescentes.
La iniciativa también incluye otras medidas anunciadas por el Gobierno para el sistema educativo, como mejoras de infraestructura, conectividad, capacitación docente y formación para directores.
Una propuesta que genera cuestionamientos
Los anuncios provocaron reacciones divididas en Perú. Mientras algunos sectores respaldan la búsqueda de mayor rigor y respeto a las autoridades escolares, especialistas en educación y exfuncionarios cuestionaron el enfoque por considerarlo restrictivo y sexista.
Entre las principales objeciones aparece la idea de que la apariencia personal puede utilizarse como indicador de disciplina o respeto. Para sus críticos, la forma de llevar el pelo, maquillarse o pintarse las uñas no determina la conducta ni la capacidad de convivir con los demás.
El cuestionamiento adquiere especial relevancia cuando las restricciones recaen sobre adolescentes y establecen pautas diferenciadas de presentación personal. La exigencia de que los varones lleven el pelo corto y la prohibición de tintes y maquillaje colocan la imagen de los estudiantes en el centro de una política que el Gobierno presenta como una respuesta a los problemas de convivencia.
Los lineamientos fueron presentados como una propuesta normativa. Según la información oficial, una vez aprobados, las instituciones educativas tendrán 30 días para adecuar sus documentos internos a las nuevas disposiciones. Ese plazo corresponde a la adaptación posterior a la aprobación, no a un período de consulta pública de 30 días. En nombre del orden, el Gobierno de Fujimori busca endurecer las reglas y recuperar herramientas de sanción.
