Lejos de dar por cerrada la discusión tras la medida cautelaar dictada por la Corte Suprema de Justicia —que suspendió provisoriamente los efectos del artículo 154 del DNU 70/2023 sobre la Ley de Tierras Rurales—, diversos bloques de la oposición confirmaron que este jueves insistirán en la Cámara de Diputados con el objetivo de enterrar el decreto en su totalidad.
El pronunciamiento del máximo tribunal, tras la causa interpuesta por la Asociación Civil Árbol de Pie, devolvió de forma temporal la vigencia a las restricciones para la venta de terrenos a capitales extranjeros. Sin embargo, desde el arco opositor remarcaron que la suspensión es frágil y provisoria, y que la única garantía real para proteger la soberanía y frenar la desregulación es la derogación parlamentaria de la normativo de la gestión libertaria.
La estrategia de mantener en pie la convocatoria al recinto es impulsada por Unión por la Patria, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y facciones de Provincias Unidas. En el diagnóstico de la oposición, la marcha atrás de la Corte es el resultado directo de la movilización social y de la de la sesión especial en la Cámara baja. “La Corte solucionó el reclamo de la sociedad en su contra y de paso le dio una mano al Gobierno para voltear la sesión opositora”, evaluaron fuentes del peronismo.
Conscientes de que la cautelar judicial le resta efectividad al reclamo exclusivo por la Ley de Tierras, los bloques que impulsan el debate ampliaron el temario para involucrar a otros sectores. Así, la agenda para el jueves suma iniciativas vinculadas a la emergencia en discapacidad y el endeudamiento familiar, dos focos de fuerte impacto social.
En la cuenta regresiva, los números del recinto reflejan un escenario de paridad técnica. En ese sentido, el núcleo opositor cuenta con el aval de 112 bancas, entre ellas Unión por la Patria (92), Provincias Unidas (8), Frente de Izquierda (4), Primero San Luis (2), Coalición Cívica (2), Encuentro Federal (2), Defendamos Córdoba (1) y Coherencia (1). En un escenario optimista, sumaría a tres legisladores misioneros de Argentina Federal y a cinco cordobeses de Provincias Unidas referenciados en el gobernador Martín Llaryora.
Sin embargo, el bloque oficialista junto a sus aliados alcanza las 120 bancas, entre La Libertad Avanza (95), PRO (12), UCR (6), MID (2), Producción y Trabajo (2), Por Santa Cruz (1), La Neuquinidad (1) y Adelante Buenos Aires (1).
Frente a esto, el destino de la sesión quedará en manos de los diputados con terminal directa en las gobernaciones del norte del país. Los tres representantes del bloque Independencia (que responden a Osvaldo Jaldo, de Tucumán), los tres de Elijo Catamarca (referenciados en Raúl Jalil) y los cinco miembros de Argentina Federal (donde pesa fuertemente el salteño Gustavo Sáenz) se convierten en las piezas codiciadas tanto por el oficialismo como por la oposición.
El antecedente inmediato genera desconfianza en los sectores más duros que buscan voltear el DNU: tanto Jalil como Sáenz participaron recientemente de la gira oficial del presidente Javier Milei por París, mostrándose en postales sonrientes junto a los principales funcionarios del Ejecutivo nacional. En paralelo, la estrategia de contención libertaria sumó la promesa de incorporar nuevas restricciones a la venta del territorio nacional dentro del articulado de la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El escenario para el próximo jueves plantea así una prueba de fuego para el Congreso. Mientras la Casa Rosada confía en la diplomacia de la billetera y el freno de la Corte para desactivar la sesión, la oposición busca forzar el debate.
