El exjuez Sergio Moro, una de las figuras más controvertidas de la historia reciente de Brasil, dio un paso definitivo en su reconversión política al quedarse con la gobernación del estado de Paraná. Representando al Partido Liberal (PL) de Jair Bolsonaro, Moro superó la barrera del 50% de los votos en las elecciones provinciales y aventajó con claridad a su principal competidor, Sandro Alex, del Partido Social Democrático (PSD). De este modo, quien fuera la cara visible del escándalo del Lava Jato dejará la banca del Senado que obtuvo en 2022 para asumir el control del Poder Ejecutivo en su tierra natal durante los próximos cuatro años.
Con 54 años, magíster en Derecho y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Federal de Paraná, Moro construyó su figura pública desde los tribunales federales de Curitiba. Desde allí encabezó la megacausa contra la corrupción y el lavado de dinero en Petrobras, un proceso conocido como «Petrolão» que sacudió los cimientos de la política sudamericana.
Para su gestión en Paraná promete la creación de una agencia anticorrupción, bajas impositivas y un despliegue de mano dura contra el narcotráfico.
La llegada de Moro al Ejecutivo de Paraná no puede leerse de manera aislada a su prontuario judicial y sus maniobras políticas. En 2017, como titular del juzgado de Curitiba, condenó a Luiz Inácio Lula da Silva a 9 años y 6 meses de prisión por supuesta corrupción y lavado de dinero. Esa sentencia mandó tras las rejas al actual presidente durante 580 días —entre abril de 2018 y noviembre de 2019— y, fundamentalmente, lo proscribió de las elecciones presidenciales de 2018, allanándole el camino al triunfo a Jair Bolsonaro.
El tiempo y las evidencias terminaron desmoronando el castillo de naipes que construyó el magistrado. En 2016 ya había dejado al descubierto su modus operandi al ordenar que la policía llevara a Lula a declarar por la fuerza en San Pablo. La estocada final a la credibilidad del proceso llegó en 2019 con las filtraciones de Vaza Jato, que expusieron chats privados donde Moro coordinaba de forma ilegal pruebas y tiempos procesales con los propios fiscales de la causa para perjudicar al líder del PT.
Las irregularidades fueron de tal magnitud que el Supremo Tribunal Federal (STF) terminó anulando las condenas contra Lula, concluyendo que el juzgado de Curitiba carecía de competencia territorial y que Sergio Moro había actuado con explícita parcialidad. Más tarde, el propio Comité de Derechos Humanos de la ONU ratificó que el juez violó las garantías mínimas del debido proceso en los juicios contra el mandatario.
Tras haber sacado de competencia al principal candidato opositor, aceptó el convite de Jair Bolsonaro para asumir como superministro de Justicia y Seguridad Pública, un cargo que ocupó entre 2019 y 2020. Su salida del Gabinete nacional tampoco fue prolija: pegó el portazo en abril de 2020 denunciando presiones del propio Bolsonaro para interferir en la Policía Federal.
Tras un breve paso por la consultoría privada, en noviembre de 2021 se volcó abiertamente a la política partidaria. Se afilió a Podemos con aspiraciones de disputar la presidencia, pero la falta de estructura y volumen político hicieron naufragar su candidatura. Lejos de abandonar la rosca electoral, en 2022 recaló en União Brasil para asegurarse una banca como senador por Paraná. Hoy, ya totalmente integrado a la estructura del Partido Liberal bolsonarista que alguna vez dijo combatir desde la neutralidad judicial, Moro logra coronar su poder territorial en la gobernación.
