El abogado Gregorio Dalbón solicitó formalmente al juez federal Ariel Lijo la detención inmediata de Diego Spagnuolo, exdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el marco de la investigación penal que busca desentrañar el desvío sistemático de fondos públicos.
El pedido cautelar se produce pocos días después de que la Cámara Federal porteña confirmara el procesamiento de Spagnuolo y de otros 18 imputados, respaldando las pericias que convalidaron la autenticidad de los audios donde se detallaba el entramado de coimas. Con las pruebas documentales recientemente incorporadas al expediente por la propia intervención del organismo, la querella sostiene que las medidas restrictivas vigentes —como la mera prohibición de salir del país— resultan insuficientes para neutralizar los riesgos procesales de fuga y entorpetecimiento de la prueba.
«No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo», enfatiza el escrito presentado por Dalbón, remarcando que el entramado revela una estructura criminal enquistada en la conducción de la agencia estatal.
La documentación remitida a la Justicia expone maniobras que van desde sobrefacturaciones hasta la adjudicación de productos que nunca coincidieron con lo entregado por los proveedores. Entre los casos más escandalosos detallados en la presentación judicial sobresalen:
- Válvulas bicaval transcatéter: La ANDIS bajo la gestión de Spagnuolo abonó la cifra de $425 millones por un sistema de válvulas, cuando apenas meses antes el PAMI había adjudicado exactamente el mismo equipamiento por $124,2 millones.
- Implantes cocleares: El organismo adquirió unidades a un promedio de US$ 62.613 cada una, cuando el valor de referencia dentro del mercado se ubica en torno a los US$ 16.975.
- Productos ortopédicos: Informes auditados detectaron brechas y diferencias de precios astronómicas que alcanzaron un insólito 4239% en comparación con los valores de plaza.
- Insumos importados vs. nacionales: Se privilegió la compra de materiales importados con sobrecostos de entre el 300% y el 1000% por encima de alternativas de industria nacional.
- Pagos dobles y productos fraguados: Se comprobó el pago duplicado de una misma factura a la empresa Indecomm por $28,7 millones (desembolsada dos veces consecutivas) y la recepción de mercadería que no guardaba relación con las especificaciones contratadas.
Para la querella, el desfalco administrativo le otorga un sustento documental irrefutable a las grabaciones que dieron origen al expediente. En aquellas escuchas, Spagnuolo describía con crudeza el presunto circuito de recaudación ilegal: «Si no hay aporte, no hay medicamentos. Esto es así. No es caridad, es negocio».
El tramo más comprometedor de esas grabaciones —cuya pericia oficial de voz fue convalidada tras la confirmación de Spagnuolo— salpica al entorno íntimo del presidente Javier Milei. En uno de los pasajes, el exfuncionario explicaba la distribución del peaje exigido a las farmacéuticas: «De lo que cobran de medicamentos tenés que poner el 8%, lo tenés que traer a la Suizo y nosotros lo subimos a la Presidencia. A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria».
La coincidencia entre la magnitud de los sobreprecios descubiertos en las contrataciones y los porcentajes de coimas descritos en los audios consolida la hipótesis de un mecanismo institucionalizado de saqueo de recursos.
Al fundamentar la necesidad de la prisión preventiva, la presentación judicial aclara que Spagnuolo «no fue un funcionario periférico respecto de los hechos investigados, sino quien se encontraba al frente de ANDIS durante el período en el que se habrían desarrollado las operaciones bajo análisis». Esa posición de jerarquía le otorga un conocimiento exhaustivo de los circuitos administrativos, los proveedores involucrados y el personal que aún debe declarar como testigo.
Asimismo, Dalbón trajo a colación la conducta evasiva demostrada por el imputado desde el comienzo de la causa: cuando la Justicia ordenó los primeros allanamientos, Spagnuolo no fue hallado en ninguno de sus domicilios declarados y debió ser localizado horas más tarde oculto en un barrio privado de Pilar.
Ante la gravedad institucional de los delitos, la confirmación de su procesamiento y la inminencia de pericias clave sobre el material tecnológico secuestrado, la querella le exige al juez Ariel Lijo que dicte de manera urgente la detención del exfuncionario para evitar que el pacto de impunidad garantice la destrucción de pruebas pendientes.
