La jueza Marta Elba Pascual habló tras firmar el fallo que suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y con el que se pretende bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años sin garantizar todos los recursos.
En declaraciones en Radio Now 97.9, la magistrada de la provincia de Buenos Aires justificó la medida cautelar que paralizó la ley tras hacer lugar a un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de los jóvenes privados de su libertad.
Pascual habló sobre el hecho de querer solucionar la inseguridad mediante el puro depósito de menores tras las rejas: «No romantizo con los chicos que salen con un arma, pero lo que creo que está pésimo es que hay como una sensación de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy del Conurbano, y con esta ley no vamos a crear más seguridad», manifestó.
El fallo puso en el centro del debate la incapacidad operativa del Estado para los adolescentes que la nueva normativa pretende criminalizar. «Si no están los mecanismos para que se puedan dar todas estas medidas, esta ley no es más beneficiosa ni para la comunidad ni para los jóvenes», remarcó la jueza.
La jueza aclaró que no se opone a la baja de la edad penal a los 14 años, pero advirtió sobre el peligro de encerrar a chicos en instituciones colapsadas. «Un chico encerrado sin educación, sin oficio, sin terapia, llega a los 18 años y lo podemos mandar a una unidad carcelaria que funciona como una escuela de delito», dijo Pascual.
La magistrada recordó que en la provincia de Buenos Aires la legislación procesal vigente ya le otorga a los jueces de garantías la facultad de privar de la libertad a menores de entre 14 y 16 años. De hecho, actualmente existen alrededor de 100 adolescentes de esa franja etaria detenidos en territorio bonaerense.
La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich —autora y principal promotora del proyecto—, apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y lo acusó de tener «una justicia provincial garantista que deja libres a los chicos para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias» y que está «del lado de los delincuentes».
Pascual le contestó a Bullrich: «Yo garantista soy de la ley y, además de la ley, quiero seguridad. Tengo hijos, camino todo el día por el Conurbano y quiero vivir tranquilamente».
El período de 60 días de suspensión fijado por el fallo busca forzar a los poderes del Estado sentarse a definir con qué recursos reales van a contar los centros de detención, quién supervisará a cada joven y de qué forma se instrumentarán las medidas alternativas que la propia ley exige pero nadie financió.
