Este martes 1° de septiembre se cumplen cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Cuatro años después de aquella noche en la que Fernando Sabag Montiel gatilló un arma a centímetros de la cabeza de la entonces vicepresidenta, el peronismo volverá a movilizarse para reclamar justicia.
La concentración será a las 18 frente a San José 1111, donde Cristina cumple prisión domiciliaria. El principal orador será Máximo Kirchner, en un acto que vuelve a colocar el intento de asesinato en el centro de la discusión política.
La fecha encuentra al peronismo con un documento conjunto titulado “La democracia no admite la eliminación del adversario”, firmado por dirigentes de distintas fuerzas políticas. El texto advierte sobre el clima de violencia política que precedió al atentado y reclama poner un límite a los discursos de odio, la estigmatización y la violencia contra quienes participan de la vida pública.
Pero detrás del aniversario hay una pregunta que continúa sin una respuesta judicial definitiva: ¿quién estuvo detrás de Sabag Montiel y Brenda Uliarte?
Cuatro años después
La Justicia ya juzgó una parte del atentado. En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N°6 condenó a Fernando Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor del intento de homicidio y a Brenda Uliarte a ocho años como partícipe necesaria. Por la unificación con condenas anteriores, las penas quedaron establecidas en 14 años para Sabag Montiel y ocho años y dos meses para Uliarte. Nicolás Gabriel Carrizo, el tercer acusado que llegó al juicio oral, fue absuelto.
La sentencia permitió establecer responsabilidades sobre quienes participaron materialmente del ataque, pero dejó afuera una de las principales preguntas que Cristina Kirchner y sus abogados plantearon desde el comienzo del expediente: si detrás de los atacantes existió una estructura más amplia, con financistas, instigadores o autores intelectuales.
La investigación estuvo marcada desde el comienzo por fuertes cuestionamientos a la actuación de la jueza María Eugenia Capuchetti, particularmente por la demora en profundizar algunas de las líneas de investigación que apuntaban hacia posibles conexiones políticas.
La pista Milman y los interrogantes que quedaron abiertos
Uno de los puntos más controvertidos fue la denominada “pista Milman”. El entonces diputado Gerardo Milman fue señalado a partir del testimonio de un testigo que aseguró haberlo escuchado decir, el día anterior al atentado, en el bar Casablanca, ubicado en las inmediaciones del Congreso: “Cuando la maten voy a estar camino a Mar del Plata”.
Las declaraciones de dos de sus asesoras también generaron interrogantes. Ambas sostuvieron ante la Justicia que fueron llevadas al despacho de Patricia Bullrich y que allí fueron obligadas a borrar y cambiar sus teléfonos celulares.
A eso se suma que el teléfono de Sabag Montiel fue reseteado y quedó como de fábrica la misma noche del atentado, cuando el dispositivo debía encontrarse bajo custodia policial.
La jueza Capuchetti recién ordenó el secuestro del teléfono de Milman alrededor de un año y medio después del ataque. Para entonces, el legislador ya había entregado un aparato diferente al que utilizaba al momento de los hechos. La suma de estos episodios alimentó durante años el reclamo para que la investigación no se agotara en quienes apretaron el gatillo.
¿Qué pasó con Revolución Federal?
Otra de las líneas que quedaron bajo la lupa fue la vinculada con Revolución Federal, el grupo que había protagonizado distintas acciones de fuerte violencia política contra dirigentes del oficialismo de ese entonces.
La investigación también puso el foco en Jonatan Morel, referente de la organización, quien recibió dinero de una empresa vinculada al entorno de Caputo Hermanos. Los movimientos financieros fueron investigados para determinar si existía alguna relación entre esos fondos y las actividades de Revolución Federal.
Ese es uno de los puntos que siguen alimentando la discusión política: el atentado tuvo autores materiales condenados, pero las líneas que podían llevar hacia eventuales financistas o instigadores no terminaron de ser esclarecidas.
Una democracia que llegó demasiado cerca del abismo
La noche del 1° de septiembre de 2022, Cristina Kirchner regresaba a su departamento en Recoleta. Frente a su edificio, se encontraban cientos de militantes que se habían instalado en las inmediaciones para respaldarla, luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaran una condena de 12 años de prisión.
Cuando la entonces vicepresidenta se acercó a saludar a quienes la esperaban, Sabag Montiel apareció entre la multitud, levantó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de su cabeza y accionó el gatillo.
El disparo no salió y la escena quedó registrada por cámaras de televisión y teléfonos celulares y se convirtió, en cuestión de segundos, en una de las imágenes más estremecedoras de la democracia argentina reciente. Sabag Montiel fue detenido en el lugar. Días después cayó Brenda Uliarte.
El juicio oral comenzó el 26 de junio de 2024 y se extendió durante más de quince meses. Cristina Kirchner declaró como víctima el 14 de agosto de ese año y volvió a cuestionar que la investigación estuviera concentrada en los autores materiales.
La sentencia de 2025 cerró una parte de la causa. Pero no necesariamente respondió todas las preguntas que quedaron alrededor del ataque.
El peronismo vuelve a San José 1111
Cuatro años después, la escena política es completamente distinta. Cristina cumple prisión domiciliaria en San José 1111 y continúa siendo una figura central dentro del peronismo.
El PJ buscarán volver a instalar la discusión sobre el intento de magnicidio y la necesidad de profundizar la investigación. El documento difundido por dirigentes de distintas fuerzas sostiene que “la democracia no admite la eliminación del adversario” y plantea que el ataque no puede analizarse separado del clima político, cultural y comunicacional que lo precedió.
Entre los firmantes aparecen José Mayans, Sergio Massa, Miguel Ángel Pichetto, Martín Sabbatella, Guillermo Moreno, Leopoldo Moreau y Juan Grabois. También expresaron su adhesión dirigentes del radicalismo como Ricardo Alfonsín y Federico Storani.
En paralelo al acto, Axel Kicillof volvió a cuestionar la falta de resultados sobre los autores intelectuales del atentado. El gobernador bonaerense calificó como “realmente grave” que cuatro años después la investigación no haya arrojado resultados sobre quienes pudieron haber organizado el ataque. También vinculó esa situación con la actual prisión domiciliaria de Cristina y sostuvo que ambas cuestiones forman parte de un escenario de persecución y disciplinamiento político.
